Según el PP, el ‘Delcygate’ podría estar relacionado con el rescate de la aerolínea Plus Ultra, señalando un presunto delito de contrabando. Por ese motivo, ha pedido al Juzgado de Instrucción número 15 de Madrid que conserve las cintas de las cámaras de seguridad de esa noche.
Delcy Rodríguez, la vicepresidente de Venezuela, hizo escala en el Aeropuerto Madrid-Barajas-Adolfo Suárez en la noche del 19 al 20 de enero de 2020. Se dirigía a Qatar. Aquello provocó una gran polémica porque pesan sobre ella sanciones por parte de la Unión Europea.
Según José Luis Ábalos, ministro de Transportes, él se encontró con ella en el avión para asegurarse de que no infringiera la prohibición de entrar en espacio Schengen.
Este ‘Delcygate’ quedó archivado en todos los juzgados, incluido el Tribunal Supremo. En este último se tramitaba una querella de Vox y el Partido Laócratas contra Ábalos por una presunta prevaricación.
En los juzgados de instrucción se investigaba también una supuesta prevaricación por parte de los funcionarios que permitieron que Rodríguez estuviera en Barajas.
El ‘Delcygate’ merece una investigación
En cambio, para el PP, el ‘Delcygate’ merece que se investigue, pero desde otro punto de vista. Y es que el Juzgado de Instrucción número 15 ha abierto una investigación por los 53 millones de euros autorizados para rescatar a la aerolínea Plus Ultra.
La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) fue quien lo autorizó “de modo absolutamente incomprensible en términos económicos y jurídicos”.
Plus Ultra, señala, es “una empresa dedicada a la navegación aérea que tiene evidentes connivencias con el régimen venezolano”.
Así, los populares consideran “esencial” conocer las razones de la SEPI para que Plus Ultra se mantenga a flote.
“Es decir, qué servicios o beneficios están pagando los poderes públicos mediante la concesión del rescate al régimen de Venezuela”, dice el PP en su escrito. “O más bien qué clase de tráfico trata de garantizarse, o encubrirse con Venezuela”, añade.
Los populares sostienen que Rodríguez introdujo en España sin control aduanero “abundantes maletas”. De su contenido y origen no se sabe nada, defienden.
Posible contrabando
Resulta “evidente”, a su juicio, que su actuación “puede ser constitutiva de un delito de contrabando, que hasta ahora no ha sido investigado”. “No es descartable, por tanto, —continúan— que anulada la posibilidad de repetir en el futuro el mismo procedimiento, empleando para ello aviones oficiales del régimen venezolano, se haya decidido emplear, para continuar introduciendo en España mercancía ilegal, la apariencia de legalidad de un tráfico aéreo ordinario, con una empresa aérea que se rescata para la ocasión”.
De ahí que el partido que lidera Pablo Casado solicite a la juez Esperanza Collazos que inste a AENA a entregar las grabaciones de seguridad. Consideran que podrían constituir una prueba de un ilícito penal.
Además, propone que se cree una Comisión Judicial con policías especializados en asuntos informáticos. Ésta iría al aeropuerto madrileño con el fin de hacer una relación de las cámaras con acceso a la pista donde aterrizó Rodríguez.
Asimismo, a las zonas por donde transitó la número dos de Nicolás Maduro, los pasajeros y los tripulantes de su vuelo. También las mercancías que llevara.