El PP contrata de abogado a Albert Rivera

El PP contrata de abogado a Albert Rivera

El Partido Popular ha contratado al bufete de abogados de Albert Rivera, exlíder de Ciudadanos, para recurrir ante el Constitucional la ley catalana de alquileres. Así ha informado el propio despacho Martínez-Echeverría & Rivera Abogados.

El diario El Mundo publicó ayer que Pablo Casado contrató al bufete para recurrir la ley catalana que limita las rentas de los contratos de alquiler.

El Departamento de Derecho Público del bufete de Rivera se encargará la dirección letrada del recurso. Lo hará bajo el liderazgo de Juan José Zabala, abogado del Estado en excedencia.

La ley aprobada por el Parlament “contraviene preceptos legales fundamentales” que recoge la Constitución española, según el bufete.

Tal es así, aseguran, que ya el Consejo de Garantías Estatutarias de la Generalitat de Cataluña en un informe confirmaba que el borrador “excedían las competencias atribuidas al Parlament, conforme a la Constitución y el Estatuto”.

Según Albert Rivera, la ley coarta la libertad de propietarios e inquilinos

Albert Rivera ha señalado desde el despacho que dicha ley ha suscitado preocupación entre los diferentes actores del sector inmobiliario. Es así porque, dice, “interviene el mercado, coartando la libertad de propietarios e inquilinos para fijar los precios de las rentas de alquiler”.

Pero el contrato con el despacho de Rivera, que cursó estudios de doctorado en Derecho Constitucional sin llegar a presentar tesis, también podría servir para estrechar lazos con Ciudadanos, “por atrás”, ahora que el PP, parece que ha volado los puentes con Vox.

En definitiva, sobre la mesa, una reglamentación que lo que ha hecho es paralizar casi por completo el mercado inmobiliario del alquiler. Una normativa que ha fracasado, aunque aún no se pueda cuantificar el impacto.

Sin embargo, a efectos prácticos lo que debería hacer es congelar y en otras ocasiones rebajar los precios, afirman fuentes oficiales. El propio departamento de Territorio de la Generalitat, o la Cámara de la Propiedad Urbana de Barcelona, así lo constatan. Entretanto, los inquilinos denuncian que las inmobiliarias incumplen la ley.

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