El Partido Popular ha interpuesto una denuncia en relación al caso Delcy Rodríguez y advierte de la “responsabilidad penal” si se borran las grabaciones.
La formación que lidera Pablo Casado presentó la denuncia en el Juzgado de Guardia de Madrid. En ella, solicita al juez que requiera a AENA los vídeos del circuito de video vigilancia del 20 de enero, cuando llegó la vicepresidente venezolana.
Asimismo, hace referencia a un burofax enviado a la organización que controla los aeropuertos españoles. En este, exige a AENA que aperciba al responsable de tratamiento de datos del aeródromo de las consecuencias si ordena el borrado de las cintas.
También reclama en el burofax que las imágenes se pongan a disposición de la Fiscalía, que “ya investiga los hechos” que denuncia.
En otra parte de la denuncia se incorpora una queja contra la Fiscalía General del Estado, en donde presentó otra denuncia contra José Luis Ábalos. En ésta, fechada el 31 de enero, acusa al ministro de Transportes de prevaricación por los hechos acontecidos en el caso Delcy Rodríguez.
El PP señala en la nueva denuncia que hasta la fecha no ha “tenido noticias de las actuaciones que haya llevado a cabo esa Fiscalía para su esclarecimiento”.
Según explica la formación conservadora, la solicitud es para que se suspenda el plazo de cancelación de datos previsto en un mes desde su captación.
Así está previsto en el artículo 6 de la Instrucción 1/2006, dictada por la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) respecto al tratamiento de datos personales con fines de vigilancia mediante cámaras o videocámaras.
Este plazo se puede suspender si está en curso una investigación judicial o policial de hechos supuestamente delictivos que hayan podido quedar registrados.
Para el PP, en el caso Delcy Rodríguez hubo prevaricación
Así, el PP se dirige al Juzgado de Guardia para evitar que las grabaciones sean destruidas una vez que haya transcurrido el mes marcado por la ley. Igualmente, para que el juez incoe las diligencias previas con “carácter inmediato” y como “medida cautelar urgente” solicite al gestor las imágenes registradas ese día.
En cualquier caso, que el juez requiera formalmente con el fin de evitar la destrucción o supresión de éstas, relacionadas con el caso Delcy Rodríguez.
Según la versión de los populares, la vicepresidente de Venezuela tiene prohibido viajar al territorio de la Unión Europea y realizar tránsito o escala en cualquier aeropuerto de la UE.
De acuerdo con esta misma versión, a estos efectos “territorio nacional” no queda delimitado por los accesos documentales aeroportuarios. En cambio, incluye todo el aeropuerto y las áreas de tránsito, según la doctrina del Tribunal Constitucional. No existen, “por tanto, áreas exentas de soberanía o ajenas a ella”, relatan.
Los populares manifiestan que el Gobierno sabía de la llegada de Delcy Rodríguez ya que la embajada de España en Caracas informó de ello. También denuncian la “omisión deliberada” de los trámites obligados de las misiones diplomáticas en el aeropuerto madrileño.
Según la formación conservadora, lo hizo para “ocultar el incumplimiento” de las sanciones del bloque comunitario. Dicho incumplimiento se habría materializado al permitir el acceso a la zona de control de pasaportes a través de una vía reservada para la entrada de ciudadanos de la UE, con independencia de su nacionalidad.
Ábalos no impidió que el avión aterrizara en Madrid
Según reza el texto, Ábalos admitió no haber impedido que el avión en el que viajaba Rodríguez aterrizara en Madrid. También reconoció haber mantenido una reunión, de “una hora y media”, con ella para tratar de evitar que bajara de la aeronave.
Como ya hicieron ante la Fiscalía, los populares denuncian que el ministro autorizó que Rodríguez fuera a una sala VIP de la terminal de autoridades. Allí permaneció hasta que salió de España con destino Doha en la mañana del 20 de enero.
Dicen que el propio Ábalos evitó que la policía deportara a la vicepresidente venezolana. Señalan que no hay constancia de que pasara algún control de fronteras. De haberlo hecho, debería haberse sellado su pasaporte y validado sus documentos con el fin de dejar constancia de su presencia en suelo español.
El PP explica que, si se acreditan los hechos, podrían ser constitutivos de un delito de prevaricación de las autoridades españolas involucradas. Más en concreto, prevaricación “por omisión” al no haber impedido el tránsito del avión en el que viajaba Rodríguez.
Igualmente, por haber permitido el tránsito por territorio español sin aplicar las medidas obligatorias de las disposiciones europeas. Por último, por no haber pasado por el control de fronteras.