La pequeña Jakelin Caal Maquín murió el 8 de diciembre después de haber sido detenida por la Patrulla Fronteriza estadunidense.
El 23 de diciembre, el otro de los dos niños migrantes fallecidos también murió estando bajo custodia de las autoridades de Estados Unidos después de ser arrestado cuando trataba de cruzar ilegalmente con su padre la frontera con México. Todavía no se han revelado las causas. Felipe Gómez Alonzo también tenía ocho años y, como Jakelin, procedía de Guatemala.
Muchas son las voces que empiezan a alzarse y apuntan a que si hubieran recibido una mejor atención podrían haber sido salvados. la muerte de Felipe coincide con el cierre parcial del Gobierno estadounidense a causa del empecinamiento de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, por lograr más presupuesto para construir el muro con México.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch, HRW, ha señalado que con la muerte del pequeño se encienden “todas las alarmas sobre las políticas migratorias” de Trump, que separa a las familias de migrantes en la frontera o que restringen el derecho al asilo.
Coincide en ello Margaret Huang, directora ejecutiva de Amnistía Internacional de Estados Unidos, que en un comunicado en la web de su organización ha dicho que “las cueles políticas de la administración Trump hacia los migrantes y solicitantes de asilo en la frontera deben cesar inmediatamente antes de que más niños sufran daños”.
Y añade: “La administración Trump está alejando deliberadamente e ilegalmente a los solicitantes de asilo de los puntos de entrada y retrasando el procesamiento de las personas que buscan protección a un ritmo insoportable, lo que obliga a las familias a tomar medidas desesperadas para buscar seguridad”.
Por su lado, Isabel García, directora de la Coalición de los Derechos Humanos de Arizona, se ha preguntado: “¿Cuántos niños tienen que morir para que cese esta situación? No es normal lo que está pasando, no es normal que niños mueran, no es normal que tengamos niños encarcelados” en un lugar al que el Gobierno llama ‘albergues’ y que “sabemos que son cárceles”.
Con indignación se manifiesta Vicki B. Gaubeca, directora de la Coalición de Comunidades de la Frontera Suroeste, que ha dicho que “es inconcebible que nos veamos obligados a llorar otra vida joven y vibrante mientras estaba bajo custodia de CBP. La muerte de Felipe, así como la muerte Jakelin son tragedias horribles que resultan de la insensible militarización de nuestra frontera”.
Incluso congresistas se suman a las críticas, como las de Joaquín Castro, quien se ha expresado diciendo que “debemos asegurarnos de que tratamos a los migrantes y solicitantes de asilo con dignidad humana y que brindemos la atención médica necesaria a cualquier persona bajo la custodia del Gobierno de Estados Unidos”.
Por otro lado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP, ha emitido un comunicado por el que informa de la orden de llevar a cabo revisiones médicas a los menores que se encuentren bajo su custodia. Los menores de 10 años tendrán prioridad. Kevin McAleenan, comisionado de la CBP, admitía a una cadena estadounidense que necesitan “un presupuesto para la atención médica y la salud mental para los niños en nuestras instalaciones y estoy comprometido en mejorar nuestras condiciones”. Dice que los agentes están haciendo “docenas” de viajes al hospital a diario con niños que muestran algún tipo de dolencia.
Además, según EFE, funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional aseguran que se ha aumentado el número de migrantes que llegan a Estados Unidos con alguna enfermedad y que los agentes fronterizos evalúan el cuidado a prestar a los niños cuando son detenidos.
Cabe destacar que Felipe estuvo retenido en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza durante más de 130 horas, cuando, según la normativa, los migrantes no pueden permanecer más de 72 horas en estas instalaciones de la CBP, reconocen desde el propio organismo.
Al niño se le diagnóstico un resfriado común y se le dio el alta médica después de recetarle ibuprofeno y amoxicilina. Luego, comenzó a tener náuseas y vómitos y las autoridades lo llevaron de vuelta al hospital, donde murió el 23 de diciembre al filo de la medianoche. Al menos en este caso, anunciaron el fallecimiento tan solo un día después, no como en el caso de Jakelin, en el que ocultaron su muerte durante una semana, negando cualquier responsabilidad por el fallecimiento de la menor.
Murió por deshidratación, fiebre y choque séptico, según el hospital donde fue ingresada, aunque no se conocen todavía los resultados de la autopsia. La Patrulla Fronteriza argumenta que cuando fue detenida, la niña “llevaba varios días sin comer o consumir agua”. Los familiares niegan esta versión y han exigido una “investigación independiente y transparente” de las circunstancias del fallecimiento de la menor.
Felipe González Morales, relator especial sobre los derechos de los migrantes de Naciones Unidas, se ha unido a esta exigencia. Son muchas las voces que se están sumando para pedir explicaciones y que sacaran las circunstancias de la muerte de los dos menores. Entre ellos, el Gobierno guatemalteco, que ha reclamado garantías en el proceso de investigación.
Cada vez son más las familias con niños y menores no acompañados que tratan de cruzar la frontera, señala el comisionado de la CBP, que también asegura que aunque las detenciones están en un mínimo histórico, se está deteniendo a “más niños que nunca”. Según los datos que aporta esta autoridad, son más de 68.500 unidades familiares las que han resultado arrestadas, así como a casi 14.000 menores no acompañados.
González ha insistido a Estados Unidos que “la detención de niños basada en su estatus migratorio es una violación del derecho internacional” y exige que cesen. Además de que va “en detrimento del bienestar social”, “exacerba el trauma que sufren muchos niños migrantes durante su travesía para llegar a otro país”, indica la ONU en su web.
A todo ello se unen las malas condiciones en las que se encuentran las familias en las instalaciones de la Patrulla Fronteriza. HRW viene denunciando que los agentes retienen a familias y menores en “condiciones inhumanas similares a las de las cárceles” y que lo hacen de manera “rutinaria a hombres, mujeres, niños e incluso bebés, en gélidas celdas, a veces durante días”, y que en ocasiones no hay suficientes camas y tienen que dormir en el suelo con solo una manta de emergencia para protegerse del frío combatir el frío. A las celdas, tanto migrantes como agentes, las llaman “hieleras”.