Llevan en huelga desde la semana pasada.
Los taxistas de Barcelona iniciaron las movilizaciones la semana pasada y de inmediato se sumaron los de Madrid y poco a poco los de las grandes ciudades españolas. Reclaman cambios legales para su protección frente a plataformas como Uber y Cabify. Ada Colau, alcaldesa de la Ciudad Condal, trató de regular el sector del taxi y poner límites a los VTC, vehículos de alquiler con conductor, pero invadía competencias estatales y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC, canceló la regulación.
El pasado 26 de junio, Colau aprobó una norma con la intención de fijar límites a las actividades de las plataformas de VTC y reducir el número de licencias de este tipo de vehículos de alquiler en el Área Metropolitana de Barcelona. El reglamento obliga a los conductores a obtener una segunda licencia otorgada por la autoridad metropolitana del taxi, entrando en vigor en agosto, además de contemplar medidas para la reducción de licencias VTC hasta las 400, en vez de las 1.035 que operan en la actualidad en la capital catalana.
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, CNMC, recurrió la norma al entender que atenta a la competencia en el mercado y que la alcaldesa no tenía competencias para legislar sobre ello. Inicialmente, el Ministerio de Fomento se unió al recurso, ya que las competencias de transportes son estatales, pero, posteriormente, retiró su petición de medidas cautelares al ver que el sector iniciaba movilizaciones y después de un encuentro con ellos.
El TSJC falló el pasado 19 de julio en contra del reglamento y suspendido cautelarmente la norma. Se celebraron varias reuniones entre representantes del Ministerio, el sector del taxi en Barcelona y las autoridades del Área Metropolitana de la Ciudad Condal, que preside la alcaldesa Ada Colau. Sin embargo, el TSJ se decidió mantener la suspensión cautelar el pasado jueves, ante lo cual el sector del taxi decidió iniciar una huelga indefinida desde el sábado pasado.
Así las cosas, los paros continuaron el domingo y el lunes en Madrid y Barcelona, y otras ciudades, como Málaga, Sevilla, Valencia, Alicante y Zaragoza, se han sumado a las movilizaciones. Igualmente, la Federación Vasca del Taxi ha llamado a la huelga igual que han hecho las agrupaciones de taxistas de Baleares. Los paros no afectarán al aeropuerto Málaga-Costa del Sol ni a las estaciones de tren y autobuses de los 15 municipios que engloba.
En la actualidad hay una licencia VTC por cada siete licencias de taxi, es decir, 9.367 de alquiler con conductor y 65.277 taxistas, cuando la Ley de Transporte de 2015 marca claramente que la relación debe ser de 1/30. En Madrid hay 4.308 licencias VTC y en Barcelona 1.363. Para colmo, están saliendo al mercado 10.000 licencias VTC por sentencia judicial.
El sector del taxi exige “cambios normativos en la ley y el reglamento de transporte”, así como que se traspasen las competencias a las comunidades autónomas. Esta es la primera de las reivindicaciones, “la transferencia de competencias a las comunidades autónomas para que el equilibrio que determina el Tribunal Supremo en la sentencia de junio de 2018, sobre la proporcionalidad 1/30, se cumpla en todas las comunidades”, dice un comunicado emitido por Elite Taxi.
Además, Fedetaxi señala que en esa transferencia se debe marcar “expresamente el contenido básico de las licencias autonómicas o urbanas a implantar”, como sucede en Barcelona, pero para todo el Estado, “para que no se transforme el problema actual estatal en 17 problemas autonómicos”.
El sector también exige un compromiso “para no poner en funcionamiento nuevas autorizaciones VTC en las diferentes comunidades autónomas hasta que se reuna la Conferencia Nacional del Transporte”, además de que se ponga en marcha inmediatamente la web de registro y control de VTC aprobada en diciembre de 2017.
El artículo 48 de la Ley de Transporte Terrestre, LOTT, explica con precisión la proporcionalidad que debe existir entre las licencias de VTC y las de taxi. “A fin de mantener el adecuado equilibrio entre la oferta de ambas modalidades de transporte, procederá denegar el otorgamiento de nuevas autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor cuando la proporción entre el número de las existentes en el territorio de la comunidad autónoma en que pretendan domiciliarse y el de las de transporte de viajeros en vehículos de turismo domiciliadas en ese mismo territorio sea superior a una de aquellas por cada treinta de estas”. Prácticamente con las mismas palabras queda reflejado en el artículo único del Real Decreto 1057/2015.
A todo ello se une la sentencia a principios de junio del Tribunal Supremo por la que se confirma que los límites para las licencias de VTC no son discriminatorios, reiterando la proporción de 1/30, así como tampoco lo es la exigencia a las empresas de alquiler de vehículos con conductor que les obliga a desarrollar el 80% de sus servicios dentro de la comunidad autónoma donde les fue concedida la autorización.
El alto tribunal también dio la razón a la CNMC, a Uber y a Unauto, la patronal de VTC, por la exigencia a las empresas de este tipo de vehículos de que tengan al menos una flota de siete vehículos dedicados a esta actividad. No obstante, la CNMC entiende que el Real Decreto de 2015 “es una regulación que limita la competencia, resulta innecesaria y desproporcionada, y termina perjudicando a los usuarios finales”, reza un comunicado emitido por esta Comisión a finales de 2017.