Ésta es una de las preguntas que empieza a circular en torno al protocolo para computar el número de muertes producidas durante la epidemia. Sanidad no contabiliza como fallecimiento con coronavirus a aquellos en que las personas, por los síntomas previos, resultaban sospechosas, pero no se le hizo la prueba diagnóstica.
En esta semana Salvador Illa, ministro de Sanidad, hizo referencia a ello. “Toda aquella persona que es diagnosticada positivamente y fallece se computa como fallecido por coronavirus”, explicó.
Desde el 31 de marzo, Sanidad contempla test en dos casos. En concreto, para pacientes hospitalizados en estado grave y para sanitarios, sociosanitarios y otros trabajadores esenciales. Sin embargo hay alguna otra excepción, como es el caso de “personas especialmente vulnerables o residentes en instituciones cerradas”. O sea, personas usuarias de residencias.
Con todo, cada Comunidad Autónoma puede añadir procedimientos propios o complementarios a los marcados por Sanidad. Una de ellas es la de Madrid, que desde hace dos semanas dejó de hacer pruebas a pacientes con cuadros clínicos graves típicos. Por ejemplo, la neumonía bilateral. El objetivo era rebajar la presión a los laboratorios.
Por su parte, la Generalitat catalana reconocía la posibilidad de que, si personas que vivían en una residencia fallecían en un hospital, se computaran las muertes en ambas estadísticas, la hospitalaria y la de las residencias.
El impacto real del coronavirus en los índices de mortalidad es complejo de evaluar. Aparte de las cifras oficiales de los diagnosticados, otra vía es mediante los datos del número de fallecidos y de entierros de los registros civiles. Según los disponibles hasta ahora, se confirma un incremento de decesos de cerca del 50% respecto a la media de los últimos diez años.
Ante la gran cantidad de muertes, los registros no están inscribiéndolas
Sin embargo, desde el 23 de marzo, ante el aumento de las defunciones y el poco personal, se permite a los registros expedir la licencia de enterramiento, dejando la inscripción para después. Lo habitual del protocolo, por ley, es al contrario.
Por tanto, los datos de los registros civiles quedan incompletos. Con el fin de precisar el número de fallecimientos, Justicia ordena que, con urgencia, los registros envíen las muertes inscritas desde el 14 de marzo. Quiere saber los decesos inscritos, las licencias de enterramiento expedidas, municipio donde se ha producido la muerte, si fue un hospital, residencia o vivienda.
Con todo, los expertos apuntan que necesitan más tiempo para conocer qué parte está vinculada con la Covid-19. Ildefonso Hernández, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS), señala que es “lo más frecuente” tener una infrarrepresentación de la mortalidad de una epidemia mientras ésta está sucediendo.
De hecho, explica, “pasa cada año con la gripe estacional”. Los criterios para calcular con cierta exactitud, cuando haya pasado la primera fase, se basan en la información de las redes centinelas de vigilancia epidemiológica. También, los certificados de defunción y las investigaciones microbiológicas.
“Con todas las fuentes, se hace una valoración. Y ahora es prematura. Más en esta situación, que hay mucha gente que trabaja en casa, de baja, etcétera. Puede haber retrasos y cambios que se irán recogiendo”, subraya.
Según Hernández, no se puede saber qué muertes están quedando fuera del cómputo. “Un número, con precisión perfecta, no se va a dar ni en los países con los sistemas más sofisticados. Es imposible”, afirma.
Hay dudas acerca de si se debe computar una muerte por una patología previa acelerada
Pone un ejemplo. “Si una persona tenía un cáncer de páncreas con pocos meses de esperanza de vida, pero la COVID-19 ha precipitado su fallecimiento, ¿cuál es la causa de la muerte? Seguramente el cáncer, aunque la infección lo haya adelantado”.
Añade que “todo eso será un trabajo de codificación de los certificados de defunción, que podremos comprobar en su día”. Incluso, habrá que atender a ciertos detalles complejos, como el “defecto de muertes”.
Se refiere a que tal vez en mayo se produzcan menos fallecimientos de las que se esperan debido a aquellas personas que han muerto al haberse precipitado su muerte.
“También hay que calcular que se ha reducido la mortalidad este mes en accidentes de tráfico, o por contaminación, así que puede haber más exceso incluso de lo estimado. Es muy complejo”, concluye.
Lo cierto es que para diseñar adecuadamente el escenario en toda su magnitud, habría que tener en cuenta también la “muertes indirectas”. Estas son personas que padecían otras patologías y que vieron reducida su asistencia. Por ejemplo, por retrasos en las citas médicas o cuya situación se complicó y no acudió.
Según la Sociedad Española de Cardiología, desde la declaración del estado de alarma, las pruebas diagnósticas de su especialidad han caído un 57%. A eso se añade que ha habido un 81% menos de intervenciones estructurales coronarias.
Advierten de que preocupa “porque la reducción no responde a la realidad epidemiológica sino probablemente al miedo de los pacientes a contagiarse de COVID-19 si van al hospital. Es notable el riesgo de incremento de morbi-mortalidad de esto, sobre todo para infarto agudo de miocardio”.
Hay que tener en cuenta muchas variables para cifrar con cierta exactitud
Para poner una cifra real sobre la mesa se “requiere de muchas cabezas que tengan en cuenta todos estos sesgos”, señala Hernández. “No es tan directo como hacer una resta de la mortalidad esperable y la bruta. Pero sí podremos tener unos análisis en relativamente poco tiempo: en mayo podremos observar ya el cómputo de marzo y abril, cuando se ha dado el pico de la pandemia, y tener unas conclusiones”, explica Pere Godoy, presidente de la Sociedad Española de Epidemiología.
Conocer la magnitud de la epidemia tiene “mucha” importancia, señala Hernández. “Conocer el impacto real de esta infección servirá para comunicárselo a otros países. Y sobre todo, para mejorar de cara a próximas oleadas y perfilar las respuestas sanitarias”, explica.
“Saber, por ejemplo, si ha habido un exceso de letalidad que no podemos justificar con variables de edad y comorbilidad. Solo enfrentándonos a todas las dimensiones de la situación podremos saber dónde ha fallado y acertado el servicio sanitario y hacerlo mejor la próxima vez”, termina.