¿Por qué el Gobierno traslada la responsabilidad a los jueces?

¿Por qué el Gobierno traslada la responsabilidad a los jueces?

El 9 de mayo decae el estado de alarma y el Gobierno quiere que sean los jueces quienes decidan acerca de las medidas que adopten las Comunidades Autónomas sobre restricciones.

En concreto, el Ejecutivo de Pedro Sánchez prepara un decreto por el que será el Tribunal Supremo quien decida en última instancia si un Tribunal Superior falla en contra. Tendrá que resolver en cinco días

Así, muchas de los gobiernos regionales se han pronunciado en contra del decreto. “Trasladan la responsabilidad a los jueces”, apuntan desde la Generalitat catalana.

Otros presidentes autonómicos coinciden en esa apreciación y acusan al Gobierno de Sánchez de “judicializar” el asunto. País Vasco y Cantabria se suman a estas críticas y consideran que el Ejecutivo central se exime de sus responsabilidades políticas. Afirman que no es algo que corresponda a los tribunales.

Otras, en cambio, como Extremadura, gobernada por el PSOE, consideran que la decisión de unificar, de este modo, la doctrina es acertada.

Así, el Gobierno andaluz critica que el Gabinete de Sánchez no cuenta con un “plan B” para dotar de herramientas a las regiones. Sin embargo, pasa la “pelota” al Supremo.

Andalucía se encuentra en transición “hacia la normalidad” y confía en que el Ejecutivo central “arroje luz” sobre la situación que sobreviene.

Por su lado, Javier Lambán, presidente socialista de Aragón, no se pronuncia en concreto. En cambio, entiende que no poder aplicar el toque de queda es un problema.

Asimismo, el también socialista Adrián Barbón, jefe del Ejecutivo asturiano, muestra prudencia. “No tenemos nada que objetar”, apunta, si bien calificó el tema de “novedad” desde el prisma judicial.

Por su parte, el Gobierno de Baleares (PSOE) tampoco se manifiesta sobre el asunto. Se encuentra, en cambio, con que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha declarado inadmisible la petición para una autorización de las medidas sanitarias. No podrá aplicarlas a partir del 9 de mayo.

Entretanto, desde Canarias, Ángel Víctor Torres, su presidente, explica que están estudiando el decreto desde el punto de vista “jurídico, técnico y científico”.

Quien sí carga contra el Gobierno central es Alfonso Fernández Mañueco, jefe del Ejecutivo castellanoleonés. Lo acusa de “negligencia y dejación” de funciones al poner en manos de los jueces aprobar las medidas.

Critica que no se haya aprobado “una legislación intermedia” o algún instrumento que permita mantener el toque de queda o los cierres perimetrales.

A su vez, el Gobierno castellanomanchego no se pronuncia, pero sí considera “muy importante” lo que salga del Consejo Interterritorial. Cree que se deben plantear “algunos” criterios homogéneos.

Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, piensa que el decreto dejando en manos de los jueces el asunto “no soluciona el tema”. El problema de plazos.

“Yo creo que para cuando el Supremo en un tema de casación pueda dar o quitar razones espero que lo de la pandemia sea un recuerdo porque todos sabemos cómo está el tema judicial. Lo que actúa con rapidez son los tribunales superiores de justicia”, aseguró.

Meritxell Budó, consejera de la Presidencia catalana, acusa al Gobierno central de “trasladar la responsabilidad de la gestión de la pandemia a los estamentos judiciales”.

“Nos gustaría que la gestión de la pandemia quedara en manos de las autoridades sanitarias, y no de los estamentos judiciales”, destaca.

A su vez, Josu Erkoreka, vicelehendakari primero, ha sido uno de los más duros. Siguen queriendo una prórroga del estado de alarma. Afirma que hacer frente a la epidemia “no es papel de los tribunales”, sino una “responsabilidad política”.

Por su lado, Alberto Núñez Feijóo, presidente gallego, se ha mostrado abiertamente contrario al decreto y que sean los jueces quienes decidan. Si bien admite que la “tutela efectiva” de jueces y magistrados es “un principio constitucional”, no cree que para “gestionar” la epidemia deban ser “jueces y magistrados los que concuerden con las propuestas del comité clínico y los epidemiólogos”.

Murcia y Fernando López Miras, su presidente, también ha criticado el decreto. “El Gobierno central ha estado seis meses sin tomar una sola decisión, sin establecer un plan b jurídico alternativo para dar herramientas a las comunidades autónomas para que puedan seguir protegiendo a la población”.

Por último, Ximo Puig, jefe del Ejecutivo valenciano, apuntó que hay que “ver la letra” del decreto porque “puede tener muchas aristas”. Reiteró que la instancia del Consell será el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana”

De él subrayó que tiene una actitud de prudencia y “sensibilidad” con la situación epidemiológica con esta región.

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