¿Por qué el Ministerio de Interior premió al espía de Iglesias?

¿Por qué el Ministerio de Interior premió al espía de Iglesias?

Concedió a un ciudadano venezolano autorización de residencia en España durante un año.
Según recoge un documento de Interior, a Carlos Alberto Arias, un ciudadano venezolano, se le concedió una autorización de residencia en España por un año por “causas excepcionales” por “razones de colaboración con las autoridades policiales”. En dicho permiso, firmado por Francisco Martínez, ex secretario de Estado de Seguridad del entonces ministro Jorge Fernández Díaz, no consta cuál fue el tipo de cooperación.

El propio Arias declaró ante notario que trabajaba como “informador” para la policía española desde febrero de 2016, “aportándole todo tipo de documentos” acerca del dinero que, presuntamente, el Gobierno venezolano había entregado a dirigentes de Podemos y a Pablo Iglesias. Las cantidades se habrían satisfecho en una cuenta de Euro Pacific Bank en las Islas Granadinas. Dicha información no fue verificada.

El diario El País publica que “toda esta colaboración ha sido autorizada y requerida por el Ministerio del Interior del Gobierno de España”, según manifestó Arias, quien se presentó como la fuente que aportaba a la Policía varios informes sin verificar acerca de pagos irregulares a la formación morada, supuestamente, elaborados por los servicios secretos de Cuba y el Gobierno de Venezuela.

La Policía, según el confidente, filtró los documentos al periódico digital Ok Diario, dirigido por Eduardo Inda. El propio redactor firmante de la noticia admitió ante un juez que el ciudadano venezolano era una de sus fuentes. Podemos estaba en pleno auge en ese momento y sería una fuerza decisiva para formar gobierno después de las elecciones de diciembre de 2015.

El Juzgado de Primera Instancia número 84 de Madrid y la Sección Octava de la Audiencia Provincial dieron como válido el documento de Interior por el que se concedía a Arias la residencia desde el 11 de abril de 2016, mientras que la versión del confidente fue aportada como prueba por el diario digital que se abrió tras la denuncia presentada por Iglesias.

Apenas seis meses después Ok Diario publicó por primera vez la noticia sobre el llamado Informe Pisa, acrónimo de Pablo Iglesias SA. Éste sería un documento policial falso con conexiones con la brigada patriótica y en él se asegura que el Gobierno de Irán financió al líder de la formación morada para lanzar su carrera política. Actualmente este informe forma parte, en la Audiencia Nacional, de la investigación del caso Villarejo.

Según explicó Martínez a El País, la concesión de permisos extraordinarios de residencia estaba entre sus competencias, aunque no recordaba el nombre del venezolano. “Me imagino que, como en tantas otras ocasiones, me pasan un expediente por el motivo que sea, y si viene propuesto por la policía, pues yo lo firmo. Lógicamente”.

Manuel García Castellón, juez titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 de la Audiencia Nacional, investiga a la brigada patriótica, un grupo creado dentro de la Policía Nacional durante la etapa del ex ministro Fernández Díaz para, presuntamente, perseguir a rivales políticos. El magistrado trata de dilucidar si este grupo se encuentra detrás de la guerra sucia contra Podemos. “Se trata de una trama criminal que implica a policías corruptos, medios de comunicación y grandes empresarios”, señaló este miércoles el líder morado.

Por otro lado, el abogado de Villarejo desveló que la Policía intervino al ex comisario un pendrive con los datos del volcado del móvil de una colaboradora de Iglesias que denunció el robo del teléfono en 2016. En él había información política y personal, datos que fueron desvelados también por Ok Diario.

El pasado 11 de octubre, en la Audiencia Nacional, Podemos presentó un escrito solicitando al juez la investigación de los documentos intervenidos en el caso Villarejo por si consta la autorización de residencia concedida a Arias. También, que si se había encontrado la supuesta documentación de los servicios secretos cubanos y el Gobierno de Venezuela que había aportado el ciudadano venezolano. Fue el entonces juez instructor Diego de Egea quien autorizó la práctica de esas diligencias días después, señalan fuentes jurídicas.

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