Se promulgan las dos leyes que reforman el sistema judicial.
En una declaración transmitida en directo por la televisión polaca, Andrzej Duda, presidente de Polonia, ha anunciado la promulgación de las leyes que reforman el sistema judicial, desoyendo, así, las advertencias de Bruselas y el anuncio hecho por Frans Timmermans, vicepresidente de la Comisión Europea, hace unos días, quién ha declarado ante hecho que “con gran pesar hemos activado el artículo 7.1 del Tratado de la Unión europea, pero los hechos no nos dejaban otra opción”. Tras días de intentos por establecer un diálogo con el gobierno de Varsovia, para que corrigiera la reforma de la judicatura polaca, se toma la decisión de aplicar el artículo por el que Polonia podría perder su derecho a voto en las decisiones a 28, porque, a juicio de la Comisión se concede todo el control sobre el poder judicial al Gobierno ultraconservador polaco.
Mediante estas dos leyes se reforma el Tribunal Supremo y el Consejo Nacional de la Judicatura, de modo que el primero podrá hacer revisiones extraordinarias de las sentencias dictadas por tribunales inferiores, incluso retrotrayéndose hasta 20 años.
El Parlamento designará a los miembros
Se crea, a su vez, una cámara disciplinaria en este Tribunal y el Parlamento nombraba parcialmente a sus miembros. Los jueces se jubilarán a los 65 años, en vez de a los 70 como hasta ahora, aunque podrán seguir en activo si el presidente así lo decide, caso por caso.
Por su lado, el Parlamento también designará a los miembros del Consejo Nacional, algo que antes correspondía a los propios jueces. Ahora, cada grupo parlamentario podrá proponer nueve candidatos.
La oposición considera que las dos leyes ahora promulgadas son inconstitucionales y acaban con la separación de poderes, mientras que el Gobierno argumenta que son necesarias para modificar el sistema judicial polaco por su ineficacia. La Comisión de Venecia, el órgano del Consejo de Europa que supervisa que se cumpla la Constitución de sus estados miembros, advierte que la reforma pone la independencia judicial en “grave riesgo”.