Por las supuestas irregularidades desveladas por Corinna zu Sayn-Wittgenstein.
Ayer se registró la solicitud para crear una comisión de investigación acerca de las supuestas irregularidades cometidas por el Rey Juan Carlos conocidas por las grabaciones a Corinna. Los solicitantes son Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y Bildu. Alberto Garzón, coordinador federal de IU, apuntó la idea de esta comisión y ese mismo día Rafael Mayoral, diputado de Podemos, y Joan Mena, de En Comu, hicieron un llamamiento al resto de grupos parlamentarios para unirse a la iniciativa de forma que se tuviera el mayor respaldo posible.
Puesto que se necesitan dos grupos parlamentarios o 70 diputados para poder solicitar la creación de una comisión de investigación y Unidos Podemos no alcanzaba el número de escaños precisos, al contar con 67, PDeCAT, Compromís y EH Bildu se apresuraron a mostrar su disposición a respaldar la iniciativa. Posteriormente se unió ERC. Ahora, la Mesa del Congreso deberá calificar la solicitud y, si se aprueba, la Junta de Portavoces pondrá fecha al debate en el Pleno de la Cámara Baja.
«La persona del Rey es inviolable»
Antes, PP y PSOE habían frenado el intento de la formación morada para que María Jesús Montero, ministra de Hacienda, comparezca para dar explicaciones acerca de si tenía intención de abrir una investigación sobre las presuntas irregularidades fiscales del rey emérito. Se justificó en que, a criterio de los servicios jurídicos del Congreso, el artículo 53.6 de la Constitución dice que “la persona del Rey es inviolable” y “no está sujeta a responsabilidad”. Además, se recurrió al artículo 96 de la Ley General Tributaria que establece el carácter reservado de “los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria en el desempeño de sus funciones”. Ciudadanos se abstuvo a la hora de tomar la decisión del órgano de gobierno de la Cámara.
Mayoral calificó la decisión de la Mesa del Congreso de “absurda”, ya que la inviolabilidad del monarca, en su opinión, afecta a las actividades anteriores a su abdicación en junio de 2014, lo que queda demostrado porque, entonces, se modificó la Ley para mantener aforado al rey Juan Carlos y que solo le pueda juzgar el Tribunal Supremo. Así, añadió, según las informaciones hechas públicas, el anterior jefe del Estado podría haber mantenido sin declarar patrimonio en el extranjero después de abdicar en su hijo Felipe VI.
La ciudadanía pide explicaciones
El diputado de Unidos Podemos espera que la Mesa del Congreso no caiga, en palabras suyas, en el “filibusterismo parlamentario” y niegue a la ciudadanía las explicaciones que, entiende, son imprescindibles ante esta cuestión “tan grave”. “La petición cuenta con todos los elementos reglamentarios para ser discutida en el pleno y no entenderíamos que se pueda producir un veto”.
En la rueda de prensa para presentar la iniciativa, han comparecido, además del propio Mayoral, Joan Baldoví, diputado de Compromís, y Joan Margall, senador de ERC, el diputado de la formación que lidera Pablo Iglesias, han querido hacer hincapié en el llamamiento al resto de partidos para que se unan a la petición, además de precisar que no hay urgencia precisamente para tratar de lograr el mayor consenso posible. “No es una cuestión de prisas, sino de importancia, de que reflexionen y se pueda llegar a un acuerdo. Hablamos de la utilización de una institución del Estado para enriquecimiento ilícito, elusión o evasión fiscal”, remarcó. “Eso no permite utilizar la política del avestruz, hay que superar las mordazas y las leyes del silencio porque la gente tiene derecho a saber”, añadió.
Baldoví abundó en estos argumentos, remarcando que los partidos “monárquicos” deberían respaldar la investigación y, así, “disipar cualquier sombra de duda” sobre los actos de la Corona. “Han pasado 40 años desde la transición y los ciudadanos demandan que todo el que esté cobrando un sueldo de todos sea transparente”, dijo, y aludió a la reforma de la ley que registró su partido para que el rey y la familia real tengan la obligación de hacer una declaración de bienes y actividades parecida a la que están obligados los parlamentarios.
Margall, por su parte, ha señalado que “ya está bien de tanta opacidad relativa a la Casa Real”, haciendo hincapié en que los ciudadanos quieren saber si el monarca hacía de “comercial de las empresas del Ibex 35” y si se benefició de la amnistía fiscal de Montoro.