Cambia su postura a menos de una semana del plazo que se había marcado para un acuerdo.
Gobierno y Podemos estaban ultimando las negociaciones para aprobar los Presupuestos Generales del Estado para 2019, pero en este fin de semana han quedado bloqueadas. Ahora la formación morada ha anunciado que votará «no» a las cuentas públicas, salvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez modifique la propuesta inicial presentada.
Varias son las razones que han llevado a este cambio de posición. De un lado, que se controlen los precios de los alquileres. La formación liderada por Pablo Iglesias exige el compromiso del Gobierno para que se modifique la Ley de Arrendamientos Urbanos, de forma que se pueda regular el precio de los alquileres en las áreas que se estimen tensionadas. También, que por ley se obligue a los propietarios de más de diez inmuebles a poner en alquiler, a precios accesibles, las viviendas vacías.
Respecto al Salario Mínimo Interprofesional (SMI), los subsidios de desempleo y la actualización de las pensiones, Podemos exige que, en el primer caso, el SMI suba hasta los 1.000 euros en 2019. Además, que se recupere el subsidio por desempleo a los 52 años, bajando la edad desde los 55 actual para parados de larga duración. En este capítulo, que se garantice por ley la revalorización de las pensiones en función del IPC. El Pacto de Toledo ya había llegado a esa conclusión, pero ahora Iglesias exige que el Gobierno lo plasme en una ley.
En otro capítulo, el grupo confederal reclama del Ejecutivo el compromiso escrito de pagar las ayudas a las 300.000 personas que tienen reconocido un grado de dependencia, pero que no han llegado a recibir prestación alguna. También que se recuperen las cotizaciones para los cuidadores familiares. En este sentido, piden que se revierta la decisión del PP de retirar las cotizaciones a la Seguridad Social de aquellas personas reconocidas como cuidadoras familiares no profesionales.
Asimismo, en materia de pobreza energética y la factura de la luz, Podemos reclama la puesta en marcha de un sistema de límites máximos y progresividad en el precio de la electricidad, así como la mejora del bono social. Para la formación de Pablo Iglesias es “un parche totalmente insuficiente” el decreto ley de medidas urgentes para ampliar el bono social que aprobó recientemente el Ejecutivo. En este mismo capítulo de la electricidad, desaprueba categóricamente que, para reducir la factura de la luz, se bajen los impuestos a las eléctricas. En contraposición, propone un cargo a la sobreredistribucion acorde con los incrementos del precio de la luz.
Finalmente, y en cuanto a fiscalidad, la formación morada reclama que se incremente el tipo del IRPF para rentas superiores a 120.000 euros al año. El Gobierno parece no ceder en este sentido e insiste en aplicar este aumento a partir de los 140.000 euros. Por último, y aunque no lo señalen como una línea roja, conscientes de lo difícil que resulta al Ejecutivo hacer suya esta demanda, Podemos insiste en la creación de un impuesto específico a la banca, de modo que se recupere el rescate bancario.