La formación morada registró ayer en el Congreso una proposición de ley en este sentido.
Las puertas giratorias podrían encontrar una dificultad mayor si prospera la proposición de ley registrada por Unidos Podemos este viernes en el Congreso. En ella se plantean, incluso, penas de cárcel de dos a cinco años para los responsables políticos que hubieran tomado decisiones “contaminadas” por la actividad privada, algo que también podría repercutir en las empresas.
La formación morada es consciente de que su iniciativa no podrá aprobarse en esta legislatura, puesto que quedan apenas nueve días para que se disuelvan las Cortes tras la convocatoria de elecciones generales para el 28 de abril. A pesar de ello, de acuerdo con lo manifestado por Gloria Elizo, vicepresidente cuarta del Congreso y diputada por el partido de Pablo Iglesias, la proposición es esencial para “revertir la dinámica de corrupción del país” de los últimos años, y en ella se ha venido trabajando durante largo tiempo. Previsiblemente, la volverán a registrar en la próxima legislatura.
Señaló que la normativa existente sobre el control de las puertas giratorias es “difusa y dispersa” y ha permitido que expresidentes del Gobierno, como, por ejemplo Leopoldo Calvo Sotelo, Felipe González y José María Aznar hayan fichado por Gas Natural o Endesa, o que en 34 de las 35 empresas del Ibex haya políticos en sus Consejos de Administración, o que trabajen en el ámbito privado más de 30 cargos del Ejecutivo de Rajoy tomando decisiones que pueden afectar al ámbito público.
La proposición concentra toda la normativa relacionada con las incompatibilidades públicas en un único texto. En la actualidad, hay cinco, indicó la diputada morada. También se incorpora un código de conducta vinculante y un organismo del Estado que afronte la corrupción y controle este tipo de conductas.
Además, se toma como referencia, en el ámbito penal, la normativa existente en Francia “para los casos más graves”, por la cual se impondrían condenas de dos a cinco años de cárcel a aquellas decisiones políticas que tuvieran que ver con el beneficio particular a una empresa privada. “No puede ser que asumir decisiones políticas contaminadas por la actividad privada no tenga efectos penales”, resaltó.