Hasta quince contratos laborales imputó Podemos de forma irregular a subvenciones que el Estado da para sufragar gastos de seguridad de los partidos. En concreto, el Tribunal de Cuentas señala en unos de sus informes un total de alrededor de 385.000 euros, según La Razón.
Se trata, más en concreto, de cuatro partidas que la formación morada carga a subvenciones durante el ejercicio 2016 para gastos de personal contratado.
Una, de casi 132.000 euros, corresponde al “coste laboral de cinco trabajadores que se encargan de la identificación de acceso a la sede central”, apunta el órgano fiscalizador. El Real Decreto que regula estas subvenciones destinadas a la seguridad de los partidos sí permite imputar el gasto en personal con este cometido.
Así, estarían incluidos los costes de contratación para este servicio o las retribuciones brutas del personal y otros gastos derivados. En cambio, el tribunal aduce que Podemos no ha podido acreditar que esos contratos se destinaran a la seguridad del partido.
“Del análisis de los respectivos contratos de trabajo se deduce que los mismos no especifican la realización de funciones de seguridad establecidas en la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada”, reza el informe.
El importe de una segunda partida asciende a 47.272 euros. Es la relativa al coste laboral de dos trabajadores “que se encargan de la comprobación y actualización de los sistemas de seguridad informática y de la protección de información regulada por la Ley Orgánica de Protección de Datos”.
Según el informe del Tribunal de Cuentas, este gasto no es subvencionable. Argumenta que el artículo 9.b permite la subvención de “software para la protección de la información”.
Tampoco los gastos de Podemos en seguridad para actos públicos
La tercera partida a la que el órgano fiscalizador pone objeciones se refiere al “coste laboral de ocho trabajadores de la formación que se encargan de la seguridad en actos públicos”. Tampoco entiende que sean subvencionables los 201.400 euros que suma ese gasto.
Para justificarlo, el Tribunal de Cuentas recurre otra vez a la Ley 5/2014, de 4 de abril, de Seguridad Privada. Vuelve a decir que la formación morada no puede acreditar que se destinara al fin establecido por la norma que menciona.
Por último, y derivado de las anteriores tres partidas, un cuarto gasto de 9.045 euros por cursos de formación en seguridad de los quince trabajadores. Puesto que el “coste laboral no se ha admitido”, el partido de Pablo Iglesias no puede incluir este gasto derivado para sufragarlo con la subvención.
En consecuencia, de acuerdo con el artículo 23 del Real Decreto 1306/2011, Podemos debe devolver casi 321.000 euros.
El Tribunal de Cuentas también ha observado irregularidades al fiscalizar los gastos de la formación morada en la campaña electoral de los comicios del 28 de abril de 2019.
De acuerdo con lo citado en el informe, el partido de Iglesias incurrió en un gasto irregular de 425.000 euros. De ellos, 133.100 euros serían de facturas no justificadas adecuadamente.
Otra partida, que asciende a 290.727 euros, sería de gastos que el órgano fiscalizador considera que no son subvencionables como coste electoral. Para justificarlo, recurre a lo que establece el artículo 130 de la Loreg.