Pese al acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la patronal del transporte, la Plataforma convocante de los paros ha decidido no desconvocarlos.
Por tanto, continuará el chantaje al Ejecutivo, a la industria y a los ciudadanos, que ven amenazado el abastecimiento. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte había advertido de que no aceptaría trato alguno hasta que la ministra del ramo se reuniera con ellos.
Finalmente, esa reunión de Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y los representantes de los convocantes se produjo este viernes. La reunión no acabó bien.
Así, los convocantes de los paros continuarán con ello, ha anunciado Manuel Hernández, su presidente, apenas unos minutos después de concluir el encuentro.
Argumenta que el Gobierno sigue sin dar respuesta a sus reivindicaciones, no garantizando que no se pueda seguir trabajando a pérdidas.
Según indicó Hernández, “irremediablemente y muy a nuestro pesar, seguiremos con el paro nacional indefinido”. Así será, anticipó “hasta que se aprueben las medidas provisionales necesarias que nos garanticen que podemos trabajar sin perder dinero”. Ello, “hasta que se apruebe la ley definitiva que así lo refleje”, esgrimió.
Precisamente, en el acuerdo alcanzado con el Comité Nacional del Transporte por Carretera se contempla esa ley. Sin embargo, el compromiso del Gobierno es presentar una ley en cuatro meses con un contenido similar al de la ley de la cadena alimentaria.
Para la Plataforma es insuficiente. Reclama una norma transitoria que permita a los transportistas salir a trabajar sin perder dinero. Hernández apuntó que las medidas acordadas son “subvenciones y ayuda”.
En cambio, “son cantidades que no cubren ni el 50% de las pérdidas que sufrimos cada mes. Siempre va a ser más conveniente no arrancar que arrancar, porque hay que pagar gasolineras, ruedas, conductores. En estas circunstancias es mejor seguir parados”.
Por su lado, la ministra respondió a esa reivindicación que dicha ley transitoria “no se puede hacer en unos días”. El proceso necesita de más tiempo y le recordó que el plan ya contempla una ley que asegure una rentabilidad mínima.