El proyecto de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 se llevará al Consejo de Ministros extraordinario del jueves para su aprobación. También la Ley de Vivienda que debería haberse aprobado en febrero.
Así, PSOE y Unidas Podemos llegaron a un acuerdo para sacar adelante el proyecto de las Cuentas Públicas. Finalmente, el propio Pedro Sánchez, Yolanda Díaz e Ione Belarra cerraron el pacto y fue el presidente del Gobierno quien anunciaba algunas de las medidas.
Pese a que no se pudo llevar al Consejo de Ministros del martes, el Ejecutivo contó que los PGE se aprobaran en la segunda semana de octubre. De este modo, podrían entrar en vigor ya en 2022.
Las anteriores Cuentas salieron adelante por el compromiso de los socialistas de sacar la Ley de Vivienda en tres meses. Sin embargo, la negociación se alargó por la negativa del PSOE a fijar topes a los precios de los alquileres.
Por el lado morado, rechazaban la propuesta socialista de ofrecer incentivos fiscales para conseguir un descenso de los precios. Así, Unidas Podemos volvió a poner la condición de concretar la Ley de Vivienda y la regulación de los alquileres para aprobar los PGE. Al final, ha sido Moncloa quien ha comunicado que se alcanzó el acuerdo.
Entre las medidas que contempla la Ley de Vivienda se encuentra precisamente la regulación de los alquileres. Con ello se pretende bajar el precio a las viviendas en manos de grandes propietarios. Se haría en función de los índices de referencia en zonas de mercado tensionado.
A su vez, los pequeños propietarios tendrán un sistema de “congelación de precios e incentivos fiscales”. Además, habrá un recargo de hasta el 150% en el IBI para aquellas viviendas vacías. Lo podrán aplicar los ayuntamientos.