La propuesta que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha trasladado a los agentes sociales es calcular la pensión considerando los últimos 30 años de cotización.
Se haría de forma progresiva y descartando los dos peores años, es decir, que se emplearían para el cálculo los 28 mejores últimos años.
De este modo, se ampliaría en cinco años el periodo de cálculo, que actualmente consiste en considerar los últimos 25 años.
Se pasa, así, a una nueva fase en la reforma de las pensiones, una vez superada la primera a finales del pasado año. Sin embargo, aún quedan por concretar los desarrollos normativos pendientes de esta fase.
Además, el departamento que dirige José Luis Escrivá ha puesto sobre la mesa mejorar el tratamiento de las lagunas de cotización para las mujeres.
También, para los hombres que han visto minorada su carrera de cotización después de tener un hijo. Por tanto, se mantiene en la línea del funcionamiento del complemento de brecha de género.
Asimismo, plantea un tratamiento especial para las lagunas de cotización de los trabajadores por cuenta propia.
Respecto a la base máxima de las pensiones, la propuesta a sindicatos y patronal es vincular su evolución al criterio de revalorización de las pensiones.
Es decir, vincularla a la inflación, con un incremento adicional cada año de un 1,154% entre 2025 y 2050. Además, irá acompañado de un aumento de la pensión máxima.
De esta forma, el Ministerio quiere llegar a un acuerdo con los agentes sociales antes de que acabe el año para completar dos de los hitos del Plan de Recuperación.
En concreto, los dos que quedan del Componente 30. Son los relativos a la ‘Adecuación a las nuevas carreras profesionales del periodo de cómputo para el cálculo de la pensión de jubilación’ y la ‘Adecuación de la base máxima de cotización del sistema’.
No obstante, recuerda que estos planteamientos son “un punto de partida”. Se mantiene, por tanto, “abierto a nuevas aportaciones de la mesa de diálogo social”.