Albert Rivera, líder de Ciudadanos, recibió la respuesta de Pedro Sánchez, presidente del Gobierno en funciones, en la que afirmaba que ya se cumplían las condiciones que el dirigente naranja planteó en su propuesta para abstenerse en la investidura que ya no se producirá.
Esto sucedía horas antes de que el rey Felipe VI decidiera no proponer un candidato a una investidura y, por tanto, los españoles seremos convocados a unas nuevas elecciones en las que, según los analistas, se repetirá el mismo escenario que el surgido el 28 de abril. Eso, por no hablar del hartazgo de la ciudadanía y el coste político, económico y de prestigio que supone.
En la línea de lo que había manifestado anteayer, Sánchez aseguró que estaba plenamente comprometido, tanto en Navarra como en Cataluña, con la defensa de la Constitución. Respecto a la tercera condición, que la intención del PSOE es aliviar la carga fiscal a la clase media y trabajadora.
A través de su cuenta en Twitter, los socialistas, difundieron la carta que Sánchez envió a Rivera. En cambio no ha trascendido la conversación telefónica que mantuvieron ambos líderes. En la misiva, el presidente en funciones agradecía al dirigente naranja su “tardía comunicación”. También, lo invitaba a evitar, con su abstención, una repetición electoral. En vano.
El candidato socialista señalaba que “si ése es realmente su propósito y está dictado por el celo en la defensa de la Constitución puede tener la seguridad de que no existe impedimento alguno para que facilite la investidura”.
Igualmente, insistía en que el Gobierno en Navarra encabezado por María Chivite junto a Podemos y Geroa Bai está “plenamente comprometido con la defensa de la Constitución y del régimen foral”.
Sánchez recordó a Rivera que Bildu no está integrado en dicho Ejecutivo y que no existe acuerdo alguno del PSOE con la formación abertzale. Argumentaba que esto lo demuestraba el hecho de que la alcaldía de Pamplona pasara de Bildu a Navarra Suma gracias a que lo facilitó la abstención de los socialistas “sin contrapartida alguna”.
El presidente en funciones eludía, no obstante, responder acerca de unos hipotéticos indultos si había una sentencia condenatoria a los independentistas juzgados por el procés. Sostenía que su obligación es “respetar el principio de independencia judicial” y “no interferir en los procedimientos en curso con pronunciamientos que anticipen en un sentido o en otro sus decisiones o sentencias”.
Así, dijo que su estrategia de “diálogo dentro de la legalidad” llevada a cabo en Cataluña “ha propiciado un significativo retroceso del apoyo al independentismo que hace abrigar esperanzas de que acabe por restablecerse el clima de convivencia en Cataluña en el marco de la Constitución y las leyes”.
Pero aclaraba: “en el caso, que nadie desea, de que se produjera por parte de las fuerzas independentistas una nueva vulneración de los preceptos constitucionales o un atentado grave al interés general de España (…) un Gobierno socialista no vacilaría en hacer uso de sus competencias para garantizar la soberanía nacional, la integridad territorial del país y la convivencia”.
En cualquiera de los casos, agregaba, se aplicaría el artículo 155 “con arreglo al propio texto y la doctrina del Tribunal Constitucional”.