Anuncia un paquete de medidas económicas y laborales.
En su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, a petición propia, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, ha anunciado hoy un paquete de medidas, principalmente económicas, que ya habían ido siendo avanzadas en las últimas semanas por los correspondientes ministros y ministras. Tal vez las más novedosas sean la prohibición por ley de las amnistías fiscales y la nueva senda de déficit público.
Así, habrá subida de impuestos a las empresas, se tratará de mejorar la financiación autonómica, habrá modificación en la legislación laboral, un nuevo Pacto de Toledo para revalorizar las pensiones acorde con el IPC y mejorar la normativa de los alquileres para pinchar la burbuja. A ellas, todas de carácter económico, se unen lo anunciado acerca de la exhumación de los restos de Franco en el Valle de los Caídos, pactar una “solución política para Cataluña” mediante el diálogo y reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal en cuanto a delitos de violencia de género.
Déficit y nuevos impuestos
2.500 millones de euros supondrán la nueva meta que se marca el Ejecutivo en cuanto al déficit, lo que permitirá a los gobiernos regionales un mayor margen fiscal, hasta dos décimas del PIB. Por ello, el Gobierno ha reclamado de Bruselas una mayor flexibilidad con el déficit público, a la vez que ha anunciado al menos dos incrementos tributarios. Por un lado a las empresas tecnológicas y por otro en el Impuesto de Sociedades. Ambas con el objetivo de cuadrar la sostenibilidad del sistema de pensiones.
Así, el tipo efectivo de sociedades alcanzará el 15%. De este modo, el Gobierno intenta aproximar los tipos efectivos a los nominales, de forma que, si alguna empresa no llega al tipo del 15%, como sucede con las del Ibex, que cotizan como media por debajo del 10%, se limiten las deducciones.
Vivienda y reforma laboral
Las medidas a adoptar respecto al mercado de la vivienda se concentran en cuatro grandes líneas, poniendo a disposición de los ciudadanos un parque de 20.000 viviendas públicas en alquiler, aumentando la prórroga forzosa de los contratos de tres a cinco años y limitando las fianzas e, igualmente, las viviendas turísticas. Todo ello con el objetivo de deshinchar la burbuja de precios que se ha constatado en algunas grandes ciudades.
Respecto al mercado laboral, nuevas políticas de empleo. Se pondrá en marcha un plan de choque para crear empleo juvenil, se subirá el salario mínimo, se mejorará la lucha contra la economía sumergida, las horas extraordinarias ilegales, los falsos autónomos y la discriminación por raza o género, con el objetivo puesto en un “reparto equitativo de la riqueza”, de forma que los sueldos recuperen el peso en la renta nacional de antes de la crisis. Igualmente, se replantearán los contratos de relevo, desarrollando un nuevo reglamento en las prácticas no laborales y aprobando un Estatuto del Becario, además de medidas que deroguen delitos en relación con la actividad sindical. “Vamos a derogar el párrafo 3 del artículo 315 del Código Penal sobre los delitos relacionados con la libertad sindical”. Asimismo, Sánchez ha anunciado que se aprobará un “plan director contra la explotación laboral, que supondrá un cambio de rumbo en las políticas laborales, para erradicar la desregulación de las condiciones de trabajo”.
Cataluña, memoria histórica y violencia de género
Aparte de las medidas económicas, tres grandes asuntos. Por un lado, Cataluña, respecto a lo cual se ha mostrado dispuesto a “alcanzar una solución política” mediante un “diálogo franco y directo”. Por otro, la memoria histórica, señalando que en “breve espacio de tiempo” se exhumarán los restos de Franco del Valle de los Caídos, aunque reconoció que habrá retrasos en este tema. Finalmente, y respecto a la violencia de género, el jefe del Gabinete ha insistido en reformar la normativa con el fin de clarificar los delitos relacionados con las agresiones sexuales. “Si dice no es que no y si no dice que sí también es que no”, precisó.
En este sentido, los juristas cuestionan el modo en que se pueda reformar el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como lo ha hecho Adela Asúa, catedrática de Derecho Penal de la Universidad del País Vasco y ex presidente del Tribunal Constitucional: “No creo que haga falta que sea explícito. No parece lógico que haya que formalizar un consentimiento en las relaciones personales”. “Una cosa es exigirlo como si fuera un contrato, que es absurdo, y otra es que, mientras no haya un consentimiento claro, deducible de las circunstancias, no hay consentimiento”, destacó. O como también se manifestó Margarita Martínez Escamilla, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid, quien dijo que “parece un poco fuerte entender que si no hay un sí expreso entonces es que no hay consentimiento. Puede haber otras formas de expresarlo”, algo en lo que también coincide Manuel Cancio, catedrático de Derecho Penal de la Universidad Autónoma de Madrid, que entiende que las palabras de Carmen Calvo, vicepresidente del Gobierno y ministra de Igualdad, deben encuadrarse en un discurso simbólico para destacar que “el varón debe pensar si está haciendo algo que le están permitiendo o no”, y recuerda que la legislación actual ya contempla que todo acto sexual sin consentimiento es delito. “Solo sí es sí. Ahora la cuestión es cómo se dice sí. Obviamente, no vas a exigirlo de forma escrita, ni con una manifestación expresa”, opina Cancio.
Similar a la ley sueca
La reforma que pretende el Gobierno llevar a cabo trata de asemejarse a la ley sueca por la que “a la hora de evaluar la voluntariedad, se tendrá en cuenta si esta se expresó con palabras, hechos, o de otro modo”, dice el texto legislativo del país escandinavo. Con ese objetivo, Calvo anunciaba que se trata de garantizar que los tipos penales de las agresiones sexuales no dependan de la interpretación de los jueces. En ese sentido, el catedrático de la Universidad Complutense de Madrid señala que “el Gobierno está sucumbiendo a la fantasía de que existe alguna ley perfecta que hace innecesario el trabajo de los tribunales para decidir si ha habido consentimiento o no. Al final, siempre tiene que haber un tribunal independiente que determine qué ha pasado”. Sobre esta reforma legislativa también opinó Ignacio González, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia, que se felicitó por el anuncio de esta modificación normativa para proteger a las mujeres, pero mostró prudencia a la hora de calificarla porque él sí expreso plantearía otros problemas, como el consentimiento viciado o si se revoca durante la propia relación sexual. En cualquier caso, quiso dejar claro que “partimos de que cualquier acto sexual que deje de ser voluntario, debe estar tipificado”.