- Hoy lunes se ha conocido su decisión.
- Junqueras, Forn y los Jordis permanecerán en prisión, mientras que el resto deberá depositar una fianza de 100.000 euros cada uno para eludir la cárcel.
- El juez del Tribunal Supremo entiende que «sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella«.
El magistrado del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, parecía convencido de excarcelar a los ex consellers a cambio de endurecer las medidas cautelares que impidieran su fuga. En cambio, la Fiscalía pedía que tanto estos como el presidente de ANC y el líder de Òmnium Cultural continaran en prisión. Los abogados de los encarcelados aseguran que sus defendidos prometen respetar el marco constitucional y que han aceptado la aplicación del artículo 155 en Cataluña. Si no fuera así, dicen, no se presentarían a las elecciones autonómicas. Por tanto, según los letrados, no existen razones para mantener a sus defendidos en prisión incondicional.
Por su parte, Jordi Pina, abogado de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez, matiza que aceptan la aplicación del 155 pero no han dicho expresamente que lo acaten: “Desde el momento en que todos los miembros del Govern han decidido concurrir a unas elecciones, es obvio que se está aceptando la situación creada por la aplicación”, añadiendo que los investigados no renuncian a la vía unilateral, aunque su voluntad es “actuar dentro de los márgenes constitucionales y dentro de la legalidad vigente” si son elegidos.
La independencia sigue siendo su objetivo
Según ha trascendido de las declaraciones ante el juez Llarena, Raül Romeva, y en la misma línea el resto de los imputados, ha defendido un referéndum pactado con el Estado para conseguir su objetivo, que sigue siendo la independencia de Cataluña, mediante el consenso y el diálogo.
Fueron tres horas y media de declaraciones, en las cuales Oriol Junqueras y Raül Romeva solo respondieron a su abogado y rechazaron hacerlo a las cuestiones planteadas por la Fiscalía y los representantes de Vox. En cambio, a continuación, Carles Mundó, Dolors Bassa y Joaquim Forn sí contestaron a los fiscales Javier Moreno y Consuelo Madrigal. En el caso de Meritxell Borràs, reconoció que se cometieron errores e ilegalidades durante el procés. Por su lado, Josep Rull y Jordi Turull respondieron a todas las partes, en una declaración que duró apenas 20 minutos. Finalmente, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez se negaron a responder a Vox y la Fiscalía no hizo preguntas. No se presentan a las elecciones autonómicas ni Cuixart ni Borràs, ésta porque se retira de la vida política.
Los abogados de los acusados confían en el juez Llarena aplique medidas cautelares menos rígidas que las actuales, dado que, en palabras de Pina, “es una situación excepcional porque hablamos de una prisión provisional, y, si hay unas elecciones democráticas, lo puede tener en cuenta el juez para que acudan en igualdad de condiciones y que los ciudadanos tengan también las mismas posibilidades de poder escuchar los argumentos políticos de los candidatos. Sería lo deseable”. Unos argumentos que ni la Fiscalía ni la acusación popular comparten. En declaraciones a los medios, el abogado de Vox insiste en que hay una “actividad delictiva constante y acreditada” y que es muy significativo que “a partir de ahora” se comprometan a acatar la Constitución, por lo que pide que se continúen en prisión provisional, ya que, en su opinión, es reconocer que hasta el momento no han cumplido la ley.