Sobre la mesa del despacho de Pablo Casado, dos asuntos cruciales sobre los que el líder popular ha decidido dar la espalda al Gobierno. Por un lado, los Presupuestos Generales del Estado (PGE). Por otro, la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El Ejecutivo de Pedro Sánchez tiene enfrente una difícil aritmética parlamentaria para sacar adelante las cuentas públicas. El presidente apela a la “unidad institucional”, para lo cual inicia una ronda de contactos con los principales partidos de la oposición.
Ya lo anticipó María Jesús Montero, ministra de Hacienda. Intentará negociar con todos los grupos unos PGE para la reconstrucción económica y social, tan necesaria en España tras la crisis sanitaria. Contar con los socios de investidura se antoja, ahora, una tarea harto difícil.
Los independentistas catalanes reprochan al Ejecutivo su apoyo a la Monarquía y exigen un gesto para tratar el conflicto y la situación política en Cataluña.
El próximo 2 de setiembre, Pablo Casado acudirá al encuentro en Moncloa al que ha sido convocado por Sánchez. Nunca se ha negado a asistir. Será la primera reunión presencial que ambos líderes mantendrán desde el 17 febrero.
El 20 de abril se reunieron por videoconferencia, en plena epidemia. El 4 de mayo hablaron por teléfono, una conversación en la que el presidente trató de convencer al líder popular para que apoyara la prórroga del estado alarma.
Aunque Sánchez conoce la posición de Casado, tratará de convencerlo para que se una a sus planes y sacar adelante, así, al menos los Presupuestos.
Sin embargo, de nada han servido las invitaciones de Ciudadanos en este sentido. Más bien, al contrario, han recibido las críticas de la formación conservadora.
“Grandes acuerdos de Estado” es lo que Pablo Casado seguirá proponiendo
Fuentes populares señalan que Pablo Casado va a seguir proponiendo “grandes acuerdos de Estado” para salvar vidas y abordar la recuperación. En cambio, descartan completamente convertirse en socios del Ejecutivo.
A ese respecto, matizan que van a “seguir denunciando lo que hace mal el Gobierno. Es nuestra responsabilidad como principal partido de la oposición”. Su rechazo frontal es tanto a alcanzar acuerdos a los PGE como para la renovación del CGPJ.
Sobre lo primero, sostienen que el Ejecutivo no les ha presentado “ni un solo papel” en las últimas semanas, lamentan. Añaden que sus posiciones económicas son incompatibles con las propuestas de Unidas Podemos.
La formación morada también es el principal escollo para lograr un pacto sobre el segundo asunto, descartando cualquier presencia de los de Pablo Iglesias en el órgano que gobierna a los jueces. Los acusan de “atacar a las instituciones, a la Justicia y al Rey”.
No dejan escapar la oportunidad, estas fuentes, de criticar al Gobierno. Entienden que la cita “llega tarde”. Reiteran que ya en julio Pablo Casado ofreció a Sánchez poner a los grupos a trabajar en un “plan B jurídico”. Su idea era mantener el mando único bajo las leyes de Sanidad. En cambio, lamenta, el presidente “se fue de vacaciones”.