Las autoridades locales tardaron casi cinco semanas en decidir si continuaba con el aborto.
Aunque había solicitado un aborto y entraba dentro de los supuestos de la ley, una niña de 11 años, víctima de una violación en Argentina, fue obligada a dar a luz a su bebé. Había quedado embarazada tras ser violada por la pareja de 65 años de su abuela, según medios locales.
Según los informes médicos, llevaba ya un embarazo de 19 semanas cuando la niña fue a un hospital en la provincia de Tucumán, al noroeste de Argentina, para solicitar un aborto. Dicha solicitud entraba dentro de los supuestos que permite la ley, resultado de una violación o grave riesgo para la salud de la madre. A pesar de ello, las autoridades locales tardaron casi cinco semanas en decidir si llevaban a cabo el aborto y algunos médicos se negaron al realizarlo acogiéndose a la “objeción de conciencia”.
En consecuencia, se llegó a las 23 semanas de embarazo y los médicos decidieron que había demasiado riesgo para la salud de la niña, por lo que se practicó una cesárea, dando a luz a un bebé prematuro y con bajo peso.
Según Margaret Wurth, investigadora principal de derechos del niño en Human Rights Watch, las autoridades tendrían que haber investigado “con urgencia y abordar las barreras que demoraron inaceptablemente su atención”. “Este es un asqueroso abuso de poder por parte de las autoridades de salud provinciales que ha puesto en grave peligro la vida y la salud de una niña de 11 años y la obligó a continuar con un embarazo contra sus deseos”, señaló la investigadora a la Fundación Thomson Reuters.
Hace seis meses, el Senado argentino rechazó por la mínima un proyecto de ley para legalizar el aborto que permitiría a mujeres y niñas llevarlo a cabo durante las primeras 14 semanas de embarazo. En una declaración, la Campaña Nacional de Argentina por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito dijo que “forzar a las niñas a pasar por un embarazo y parir es una tortura”.
Por su parte, Amnistía Internacional ha manifestado que las autoridades pusieron “obstáculo tras obstáculo” después de que la niña solicitara abortar. “Forzar a la niña a llevar a termino su embarazo forzado, incluso cuando esto pone su vida en peligro, es una cruel injusticia que ha infligido tanto daño psicológico y físico al niño que podría constituir una tortura según el derecho internacional”, ha declarado Erika-Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Asimismo, los grupos de derechos de las mujeres CLADEM y el grupo de Derechos Humanos regional ANDHES han solicitado a un juez en Tucumán que pida al Estado que respete los derechos y deseos de la niña de abortar. A través de su cuenta en Twitter, CLADEM ha señalado que es “increíble el retraso en la atención, ahora el Estado argentino debe garantizar rehabilitación y reparación integral del daño”.
El caso de la niña ha hecho que activistas de los derechos de las mujeres salieran a la calle en señal de protesta. En la mayoría de las regiones católicas de América Latina y el Caribe las leyes del aborto son de las más restrictivas del mundo e, incluso, en América Central está prohibido en cualquier circunstancia.