La conocida como ley trans fue la primera causa de enfrentamiento entre PSOE y Podemos hace casi un año y siguen sin resolverse las discrepancias. Mientras que el Ministerio de Igualdad intenta seguir avanzando hacia la autodeterminación de género, la posición actual de los socialistas choca con ello.
Sobre todo por el planteamiento de fondo, lo que divide al movimiento feminista. Se abre, así, un nuevo frente en el Gobierno de Pedro Sánchez, ya que el PSOE quiere unificar la ley de derechos LGTBi y la ley trans en una sola. Igualdad se opone.
Irene Montero se agarra al acuerdo de coalición y a que las dos normas tienen diferencias técnicas que imposibilitan fundirlas en una solo norma. Igualdad confiaba en que ambas leyes se aprobaran en el Consejo de Ministros durante la primera quincena de febrero.
Carmen Calvo, que es la secretaria de Igualdad del PSOE, y Montero están de acuerdo en que hay que garantizar cuanto antes los derechos LGTBi. También lo de las personas trans. Desde el Ministerio aseguran que ambas normas cuentan “con una nítida garantía jurídica”.
Para Calvo, cuando Montero puso sobre su mesa los dos proyectos fue sólo una primera toma de contacto. Así lo advirtió, además de no poner fecha para su llegada a la reunión del Gabinete.
Las discrepancias están en que los socialistas abogan por que los derechos de las personas trans y los del colectivo LGTBi se regulen en una única iniciativa legislativa. Y eso que el acuerdo de coalición dice que serán dos normas separadas.
Técnicamente, dicen en el departamento de Montero, hay diferencias entre ambas leyes que complican en mucho su fusión. Mientras que la ley LGTBi lucha contra la discriminación, protege la memoria del colectivo y mejora su participación, la ley trans es integral. Es decir, abarca todos los aspectos de la vida de las personas trans.
El acuerdo de coalición recoge la ley trans como un trabajo para “erradicar todas las formas de discriminación hacia las personas trans en todos los ámbitos”. Ahí reside la base del conflicto.
Podemos propone que se pueda modificar el nombre y sexo en los documentos oficiales sin requisitos médicos, como sucede ahora. En cambio, el PSOE apuesta por que el cambio de sexo tenga “garantías jurídicas”. En lo que sí coinciden ambas formaciones es en que la transexualidad deje de considerarse como una enfermedad.
Los socialistas argumentan, además, que la ley debe hacerse con tal consistencia de forma que la derecha no pueda recurrirla ante el Tribunal Constitucional.