El próximo mes de junio, el Gobierno lanzará una nueva Oferta Pública de Empleo. Así lo anunció este jueves en el Congreso Miquel Iceta, ministro de Política Territorial y Función Pública, en su comparecencia en Comisión.
El ministro aseguró que “en junio se publicará la Oferta Pública de Empleo de este año porque no queremos debilitar el servicio público ni limitar sus capacidades”.
Según trasladó, la temporalidad y el envejecimiento del cuerpo de empleados públicos son dos de los principales desafíos de su Ministerio.
El titular de Función Pública acudió a la Cámara Baja con el fin de explicar las líneas maestras de la política del departamento que dirige. También anticipó que habrá una regulación para ampliar los procesos de estabilización de empleo público vigentes.
En ese sentido, sostuvo que se tiene que promover la estabilización de personal interino que lleva a cabo permanentemente función este tipo estructural.
Una Oferta Pública inferior a la del año pasado
Cabe recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2021 se estableció una Oferta Pública de Empleo de 28.055 plazas. Esta cifra es inferior a la oferta de 33.000 plazas del año pasado, aunque incluían 5.000 plazas de estabilización. Entonces, fue la mayor oferta de los últimos diez años.
La de este 2020 supondrá 18.323 plazas para la Administración General del Estado, con 9.227 de nuevo ingreso y 8.996 de promoción interna, la mayor de la historia.
Igualmente, el resto de plazas será para 5.540 efectivos de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como 1.857 de fuerzas armadas. Asimismo, 1.452 para la Administración de Justicia, 549 a funcionarios de administración local de habilitación de carácter nacional y 256 a entes públicos. Por último, 47 de docentes, 26 de personal del instituto de gestión sanitaria y cinco destinadas al Consejo General del Poder Judicial.
Así, el 11% de las plazas será para la reforma integral y modernización de Justicia, además del 10,8% para la modernización del sistema fiscal. Un 10,2% se destina a transformación digital, un 8,7 al fortalecimiento del sistema penitenciario y el 7% a cohesión social.
Igualmente, el 5,1% se dirige al I+D+i, el 4,6% a sanidad y vigilancia de la salud y a infraestructuras y ecosistemas resilientes. Por último, el 2,3% a transición ecológica y el 1,2% a relaciones internacionales y comerciales.