Se estima que alrededor de 30 millones de personas viven fuera de sus países de origen de América Latina y el Caribe por diversas causas.
La dignidad y los derechos de los migrantes en cualquier situación y contexto están protegidos por el Pacto Mundial de Marrakech, personas que abandonan sus países por razones económicas, sociales, de seguridad, políticas y climáticas.
algunos países se han apartado de este esfuerzo de colaboración que trata de resolver un problema global y que han roto con un acuerdo que “establece un piso mínimo para dialogar”, manifestó a International Press Service Rodolfo Noriega, dirigente de la Coordinadora Nacional de Inmigrantes en Chile, integrada por 72 organizaciones. Chile y República Dominicana, con gobiernos de derechas, se abstuvieron de votar el pacto porque, dijeron, no protege los intereses de sus naciones.
El pacto de Marrakech pretende, entre sus 23 objetivos, “minimizar los factores estructurales” que llevan a que las personas emigren masivamente, implementando medidas para prevenir la trata de personas, la separación de las familias y haciendo un llamamiento a la cooperación internacional como primer paso para fijar un foco común, atendiendo a que una de cada 30 personas es migrante.
El acuerdo “reconoce a los migrantes como personas que tienen dignidad y derechos en toda situación y en todo contexto”, señala Juan Pablo Ramacciotti, director de Incidencia del chileno y católico Servicio Jesuita a Migrantes. También indicó: “Que la migración sea un tema que cada país ve según sus propios criterios, de la frontera hacia dentro, no es un camino que permita abordar el fenómeno con visión de futuro ni haciéndonos cargo que es algo que tiene que ver con países de origen, de tránsito o de destino”.
En la situación actual, señala, “optar por un pacto en que nos ponemos de acuerdo sobre grandes temas y que nos ayude a avanzar de manera conjunta es una muy buena noticia para todos”.