La represión en Nicaragua hacia la oposición y la impunidad por violaciones de Derechos Humanos en el país centroamericano ha llevado a que la ONU denuncie al Gobierno nicaragüense. Así lo ha hecho Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos, en un nuevo informe elaborado por su oficina.
En él, Bachelet pide la reanudación urgente de un diálogo significativo e inclusivo y que se repare a las víctimas. La ONU entiende que en Nicaragua hay “falta de voluntad” por parte del Estado de forma que se garantice la rendición de cuentas y contra la consolidación de la impunidad por violación de los Derechos Humanos.
En ese escenario, la Alta Comisionada señala que se ha negado a las víctimas el acceso a la justicia, la verdad, la reparación y las garantías de que no se repitan las graves violaciones que vienen sucediéndose desde que comenzaran las protestas en abril de 2018.
En el escrito se dice que “las autoridades estatales han negado hasta el momento cualquier responsabilidad y, más bien, han culpado a los líderes sociales y de la oposición, a los defensores de los Derechos Humanos y a los manifestaciones de lo que ellos llaman la ‘violencia golpista’ y de la repercusión negativa en la economía del país”.
Así las cosas, el informe reitera que las medidas institucionales y legislativas que se adoptaron con el fin de reconciliar y garantizar la reparación a todas las víctimas, se impusieron sin consulta previa y sin ajustarse los principios internacionales correspondientes.
Bachelet añade que “la independencia del Gobierno y la inclusión de todas las partes interesadas, especialmente las víctimas, son condiciones indispensables para cualquier iniciativa que busque justicia y reparación”.
Los arrestos y las detenciones arbitrarias han continuado y son un medio de represión, denuncia la investigación. La ONU recrimina que siga habiendo casos de torturas y malos tratos a personas en prisión relacionadas con las movilizaciones.
Así, en el documento se asegura que “hasta la fecha, las autoridades no han investigado con diligencia e imparcialidad las denuncias de torturas y malos tratos contra personas bajo custodia”. Además, se añade, se utiliza el sistema judicial para criminalizar la disidencia y se garantiza la impunidad de los responsables de las violaciones de Derechos Humanos.
De ahí que la Alta Comisionada pida al Gobierno nicaragüense que “reanude de manera urgente un diálogo significativo e inclusivo, en consonancia con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, e implemente plenamente los acuerdos alcanzados con la Alianza Cívica en marzo de 2019”.
Igualmente ha instado a garantizar el ejercicio de las libertades de reunión pacífica, de expresión y de asociación, así como se pide la condena y sanción pública de todo ataque o intimidación a los defensores de los Derechos Humanos. También que se proteja a los líderes comunitarios, los periodistas, los trabajadores de los medios de comunicación y a toda aquella persona que sea crítica con el Gobierno.
A juicio de Bachelet es urgente el restablecimiento de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación sancionados. También, que se devuelvan todos los bienes, documentos y equipos incautados.
Finalmente, pide al Ejecutivo de Nicaragua que “tome medidas inmediatas para poner fin a la tortura y las detenciones arbitrarias y libere a todas las personas privadas de su libertad por manifestar opiniones críticas con el Gobierno, que se modifique la legislación penal para que sea congruente con las normas y estándares internacionales y que se asegure la pronta aplicación de las reformas electorales e instituciones destinadas a garantizar elecciones justas y transparentes”.