En las primarias de Podemos en su Tercera Asamblea Ciudadana Estatal se habría producido una elección fraudulenta de Pablo Iglesias como secretario general de la formación. Por esa razón, Fernando Barredo, rival de Iglesias en dichas primarias, presenta una demanda en los juzgados de Madrid.
Solicita que se anulen esas elecciones para luego celebrar otras “con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos”. Para ello, propone una “fiscalización profesional externa e independiente y la comprobación y el escrutinio públicos de los resultados”.
La abogada Celia Cánovas, ex senadora de Podemos, representa a Barredo en una demanda de protección y tutela civil de derechos fundamentales. Supuestamente, se habría vulnerado el derecho a la participación que prevé la constitución en su artículo 23. Por ello, entiende que es “imperativa” la intervención del Ministerio Fiscal aunque se trate de un proceso civil.
En la Tercera Asamblea Ciudadana Estatal de Podemos Iglesias resultó reelegido como secretario general de la formación morada. Obtuvo más del 90% de los votos. Precisamente, la demanda solicita la nulidad de ese proceso al considerar que se vulneraron los estatutos y reglamentos del partido. Con ello, los derechos fundamentales de Barredo.
Pide que se abra una nueva Asamblea Ciudadana Estatal en la que se respeten las normas internas. Asimismo, que se desarrolle “con la máxima transparencia y con garantía de los derechos de igualdad entre los candidatos”.
Ello incluye “el acceso por parte de estos al censo de inscritos”, así como establecer “los mecanismos oportunos para la fiscalización profesional externa e independiente”.
El rival del secretario general de Podemos en esas primarias explica que hubo irregularidades. Por una parte, al aceptarse las candidaturas de Iglesias, Irene Montero, Ione Belarra y Noelia Vera.
Hubo elección fraudulenta por una violación del Código Ético
Barredo argumenta que el Código Ético de la formación limita “el ejercicio de más de una función pública o de más de un cargo interno de Podemos” para concurrir en unas elecciones primarias. Se exceptúan “aquellas funciones vinculadas a su condición de cargo institucional u orgánico o responsabilidades locales sin retribución”.
En la anterior Asamblea Ciudadana Estatal se aprobó un documento organizativo “de obligado cumplimiento”. Éste restringe “los cargos de dedicación intensiva en Podemos a un máximo de dos, uno interno y de otro externo”.
Este es el primer punto en el que se basa para considerar que hubo una elección fraudulenta que la candidatura encabezada por Iglesias. “Los citados candidatos ocupaban y siguen ocupando, cada uno de ellos, dos cargos institucionales, además de un cargo orgánico” señala. Es decir, uno externo y otro interno, respectivamente.
En el momento de esas primarias, Iglesias era vicepresidente segundo del Gobierno, diputado nacional y secretario general de la formación morada. Asimismo, Montero, Belarra y Vera eran diputadas. A su vez, ministra de Igualdad, secretaria de Estado para la Agenda 2030 y secretaria de Estado de Igualdad, respectivamente. Además, las tres eran miembros del Consejo Ciudadano de Podemos.
Por tanto, se habría producido una elección fraudulenta puesto que, a su juicio, “no podían ser candidatos”. Además, el Equipo Técnico, responsable de las elecciones primarias, “nunca debió aceptar las candidaturas indicadas”.
A todo ello añade que el proceso electoral, interrumpido por el estado de alarma de primavera, se reinició “sin previo aviso”. Considera que “persistían las condiciones objetivas de la suspensión”, es decir, la epidemia de coronavirus y el estado de alarma.
No hubo igualdad en la campaña
Esto supuso para Barredo y los demás candidatos permanecer “con libertad de restringidas de reunión, de movilización y de participación política, sin poder hacer campaña”.
En cambio, Iglesias y las otras candidatas de su lista “aparecían en los medios de información, (…) cobrando mucha visibilidad”. Además, daban “opiniones” y respondían “a preguntas sobre la Tercera Asamblea Estatal”.
A todo ello se une el hecho de que el proceso de elecciones internas se reanudó “con unas nuevas reglas”. Esto permitió que cambiaran las candidaturas y los documentos presentados y cerrados antes del estado alarma si los requisitos de entonces, como los avales.
Añade otra “anómala circunstancia”. Señala que el “Equipo Técnico, designado por la dirección del partido, estaba íntegramente compuesto por miembros de la candidatura oficialista”. Eso, pese a que era el organismo “encargado de velar por la neutralidad del proceso de primarias”.
Asimismo, el censo de inscritos en Podemos, los únicos que pueden votar en las primarias, no se cerró en 1 de marzo. En cambio, se volvió a abrir al reanudarse el proceso electoral y se cerró el 2 de mayo. Critica, igualmente, que el Equipo Técnico lo mantuvo en “secreto”.
En consecuencia, Barredo reclama la nulidad de la Asamblea Estatal Ciudadana, considera que se produjo una elección fraudulenta y exige unas nuevas primarias.