Meritxell Batet será la nueva presidente del Congreso de los Diputados por decisión de Pedro Sánchez, jefe del Ejecutivo en funciones, y lo será, también, en respuesta al veto de los independentistas a Miquel Iceta como senador por designación autonómica, y a la postre, presidente del Senado. Y no solo responde con una Presidencia de una Cámara, sino con dos, al designar a Manuel Cruz para dirigir la Cámara Alta. Batet y Cruz son destacados miembros del PSC.
“La apuesta es definitiva y sin ningún grado de provisionalidad” ha aseverado José Luis Ábalos, secretario de Organización del PSOE. No se esperará, por tanto, a que el Tribunal Constitucional falle a favor del recurso de amparo presentado por la formación socialista en Cataluña. “El boicot de los grupos independentistas junto a la complacencia de los grupos de la derecha en Cataluña ha impedido la opción de Iceta. No es la primera vez que derecha e independentistas coinciden para poner palos a gobernabilidad”, ha recriminado el también ministro.
PSOE y Unidas Podemos alcanzaron ayer un acuerdo sobre la composición de la Mesa del Congreso, repartiendo los asientos en tres para los socialistas y dos para cada uno de la formación morada, PP y Ciudadanos. De este modo se garantiza que los votos del partido socialista y los del liderado por Pablo Iglesias mantendrán al órgano de gobierno de la Cámara Baja con mayoría progresista.
De todos es conocida Batet como ministra de Política Territorial y Función Pública, ahora en funciones, pero no tanto Cruz. Catedrático de Filosofía en la Universidad de Barcelona, de 58 años, y diputado, acaba de ser elegido senador. Este es un dato importante en tanto en cuanto los independentistas ya no pueden bloquear su nombramiento como hicieron con Iceta, que, al no ir en las listas, trató de ser elegido por designación del Parlament.
Cruz es un hombre moderado y dialogante y su nombramiento también es simbólico, reforzando la idea que ha querido transmitir estos días el presidente del Gobierno, que, aunque los independentistas le cierren puertas y dificulten el diálogo, seguirá apostando por la que Josep Borrell llamó “la política del ibuprofeno” con el objetivo de rebajar la tensión en Cataluña.