Algunas de las medidas anticrisis que aprobó el Gobierno para aliviar el impacto económico de la guerra en Ucrania cuentan con, digamos, ‘letra pequeña’.
Partiendo de que son beneficiosas en su conjunto para soportar la situación actual, no todas tienen, por ejemplo, una limitación temporal definida.
Sería el caso de la bajada del IVA en los alimentos básicos del 4% al 0% o la del aceite y la pasta del 10% al 5%.
Si bien es cierto que el Real-Decreto publicado este miércoles en el BOE establece la fecha del 30 de junio como el último día de vigencia, hay condiciones.
Estas medidas anticrisis “se establecen de forma temporal y extraordinaria”. Entrarán en vigor el 1 de enero de 2023, pero quedan “sujetas a la evolución de la tasa interanual de la inflación subyacente”.
Así, concreta que decaerán el 1 de mayo de 2023 si la inflación subyacente de marzo, que se publica en abril, es inferior al 5,5%.
Calviño explica algunos detalles de las medidas anticrisis
Además, lo ha dejado claro Nadia Calviño, ministra de Asunto Económicos y Transformación Digital y vicepresidente primera, en declaraciones a TVE.
“Lo que hemos previsto es que esta bajada del IVA se mantenga hasta junio, salvo que la inflación baje más rápido” de lo que prevemos.
Por tanto, apuntó, si en marzo o abril la inflación subyacente “ya está por debajo del 5,5%”, en “mayo y junio ya se recuperaría un nivel de IVA más elevado”.
Dicho esto, Calviño ha advertido de que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) vigilará que se traslade la rebaja del IVA a los precios. Si no es así, habrá sanciones.
En ese sentido, indicó que el Real-Decreto fija la obligación de que los distribuidores la repercutan de “forma positiva” en la cesta de la compra.
No obstante, confió en que el sector, “colabore y transmita esta bajada de los precios, que va a notarse inmediatamente en los bolsillos”.
“Si no, la CNMC tendrá una indicación muy clara de vigilarlo y habrá sanciones si no se cumple”, avisa.
Cheque de 200 euros
También nos hemos fijado en el cheque único de 200 euros para familias con rentas anuales inferiores a 27.000 euros y patrimonio de menos de 75.000.
En este caso, Calviño ha explicado, y así consta en el Decreto-Ley, que no todo aquel que cumpla esas dos condiciones va a ser beneficiario.
Concretamente, no pueden beneficiarse aquellas personas que a 31 de diciembre de 2022 reciban el Ingreso Mínimo Vital (IMV).
Tampoco quienes perciban pensiones “por el Régimen General y los Regímenes especiales de la Seguridad Social o por el Régimen de Clases Pasivas del Estado”. De este modo se menciona en el Real-Decreto.
Asimismo, no tienen derecho a estos 200 euros aquellos que “perciban prestaciones análogas a las anteriores reconocidas a los profesionales”.
En misma situación están los “administradores de derecho de una sociedad mercantil que no hubiese cesado en su actividad a 31 de diciembre de 2022”.
Igualmente, los “titulares de valores representativos de la participación en fondos propios de una sociedad mercantil no negociados en mercados organizados”.
Respecto a todo ello, Calviño ha aclarado que hay “once millones de pensionistas que se van a beneficiar de la revalorización del 8,5%”.
Además, el IMV y las pensiones no contributivas se van a revalorizar en un 15%.
El objetivo, “llegar al resto de las familias de clase media y trabajadora […] afectadas por la inflación”, cuyas rentas no se revalorizan como las pensiones.
“Se va a dar a aquellas familias que en este momento están en una situación de más vulnerabilidad como consecuencia de la guerra”, añadió.
Adiós a la bonificación a los carburantes
Respecto a la ayuda de 20 céntimos por litro de gasolina o gasóleo, se elimina con carácter general, aunque permanece para ciertos colectivos. “Lo que hacemos es progresivamente eliminarla durante el primer semestre”, ha dicho.
La ministra detalló que la bonificación será de “20 céntimos el primer trimestre y de 10 céntimos en el segundo trimestre”.
En ese sentido, indicó que “el precio de la gasolina y del diésel ya ha bajado y la previsión es que siga esa tendencia”. Por tanto, “la bonificación tiene menos sentido”.
De otro lado, explicó por qué sólo se prorrogará el descuento del 30% en el transporte urbano en aquellas Comunidades Autónomas que complementen con un 20%.
A ese respecto, señaló que “hemos estado subvencionando el transporte urbano, que es competencia de las comunidades autónomas o de los ayuntamientos”.
“Lo lógico es que también contribuyan a financiar esa bonificación, que podamos llegar al 50% del precio del transporte público”, justificó.