Defiende reformar la figura de la acusación popular.
En una entrevista en TVE, Fernando Grande-Marlaska, ministro del Interior, ha defendido la posibilidad de “analizar” posibles indultos una vez que haya sentencia a los líderes del procés. Asimismo, apoya reformar la figura de la acusación popular, por el papel que juega Vox en el juicio en el Tribunal Supremo. También, que la autodeterminación de Cataluña “no puede ser objeto de ninguna resolución, de convenir nada o un compromiso de conversaciones” por parte del Gobierno.
Marlaska sostuvo que “sin que primero se haya celebrado el juicio y haya una sentencia” resulta inapropiado hacer valoraciones de la posibilidad de un indulto. Habría que estudiar el contenido de la condena, si la hubiera, y la posición adoptada por la Fiscalía o el Tribunal “sobre la posibilidad del indulto, si se solicita”. Destacó que “tras esos trámites previos, yo podría analizar la figura o la posibilidad del indulto. Mientras tanto me parece absolutamente improcedente e inadecuado”.
Respecto a la figura de la acusación popular, el titular de Interior sostiene que sigue siendo objeto de un “debate necesario” porque es un elemento propio de “un Estado de Derecho que está en sus inicios y donde hay muchas dudas sobre la Fiscalía y su acción pública penal”. Señaló que “ya es hora de que podamos hacer un análisis y un esfuerzo conjunto en poder dibujar lo que es la acusación” popular: “Cuando un Estado de Derecho está consolidado, como es el Estado español, instituciones como la acusación popular hay que reformarlas, matizarlas para evitar que bajo intereses públicos se escondan realmente intereses particulares ajenos a lo que debe ser su naturaleza”, indicó.
Preguntado acerca de la conveniencia de hablar de todo, también de la autodeterminación, entre el Gobierno de la nación y la Generalitat de Cataluña, Marlaska apuntó que de “lo que el Gobierno puede y debe hablar es aquello que cabe dentro de la Constitución”. “Todo lo que no está en la Constitución, que no está la ley, evidentemente no puede ser objeto de acuerdo. Todo el mundo tiene derecho a decir lo que crea conveniente en el Parlamento o en la calle. A nadie se le prohíbe hablar de autodeterminación, pero el Gobierno, a la hora de establecer cualquier tipo de compromiso o simplemente un compromiso de conversaciones, tiene que ser en el marco de la Constitución”, subrayó.