Aparecen más ramificaciones de la ‘trama Púnica’ y en esta ocasión David Marjaliza, el empresario arrepentido de esta corrupción, apunta, con más imaginación que verosimilitud, al PSOE madrileño. En concreto, Marjaliza ha entregado a la Audiencia Nacional 33 anotaciones manuscritas de la contabilidad B de sus empresas.
En ellas anotó a mano pagos en negro a tres formaciones políticas. Más concretamente, 970.290 euros entregados, dice, al PSOE, 105.489 euros al PP y 15.025 a Izquierda Unida.
Esa primera anotación manuscrita correspondería a pagos a los socialistas madrileños en la etapa en la que Rafael Simancas era secretario general del PSOE de Madrid. Según El Mundo, ese millón de euros se habría entregado a los socialistas de Pinto, Parla, Valdemoro y Aranjuez, cuestión que en modo alguno está acreditado.
Al entregar estos documentos en la Audiencia Nacional, el empresario arrepentido intenta demostrar que dio comisiones a políticos de todos los colores pero de forma tardía y presumiblemente inventada. Según las fechas de esos apuntes, en esa época, el PSOE gobernaba en la mayoría de las localidades donde actuaban las empresas de Marjaliza. En Valdemoro, en cambio, fue alcalde hasta 2003 Francisco Granados.
Este último, que fue consejero en la Comunidad de Madrid, habría instado al conseguidor de la Púnica a “quemar” en “un día de niebla” estos documentos. El también ex alcalde de Valdemoro siempre ha negado que hiciera tal recomendación a Marjaliza.
Marjaliza no habría destruido esa documentación
Supuestamente, dicha documentación fue destruida. Sin embargo, ahora el empresario arrepentido presenta una contabilidad parecida a la de años anteriores. Eso sí, con fechas entre 1999 y 2002. En todo caso, vista la fecha de las anotaciones, los supuestos delitos habrían prescrito.
Es un episodio más del cuentagotas por el que habitualmente Marjaliza, cada cierto tiempo, saca a relucir documentos de supuestos sobornos o mordidas a políticos. Y lo hace como avales, sin pruebas, de las confesiones que ha ido haciendo al juez Manuel García Castellón.
El empresario siempre ha sostenido que las mordidas eran una práctica habitual en aquella época y que daba igual el color del partido.