Macrorredada de la UDEF en 44 ayuntamientos

Macrorredada de la UDEF en 44 ayuntamientos

Entre los detenidos, José Luis Ulibarri, acusado en la Gürtel y magnate de la comunicación en Castilla y León.
En la mañana de ayer se puso en marcha la Operación Enredadera llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal, UDEF, de la Policía Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Se investiga una amplia red de corrupción relacionada con la seguridad vial que incluye a 44 ayuntamientos y dos comunidades. La mayoría de los detenidos son alcaldes, 17, jefes de policía locales, 10, y técnicos y empresarios, entre ellos José Luis Ulibarri, magnate de las comunicaciones en Castilla y León, propietario de la empresa Begar.
Las investigaciones se centran en las supuestas contrataciones irregulares de sistemas de control de tráfico, como semáforos y videocámaras, así como servicios en los que los policías municipales actuaban como intermediarios entre las empresas y los consistorios y por los que se cobraban comisiones.
Además de las detenciones, se tienen previstas más de 70 citaciones, así como 94 registros en 25 ayuntamientos, 30 despachos profesionales, 25 domicilios y 12 empresas, entre ellas Aplicaciones Gespol SL, la compañía proveedora del software para policías locales, filial de la constructora Sacyr y con sede en Barcelona.

Unijepol, en el punto de mira
Entre los investigados se encuentra José Francisco Cano, jefe de la Policía Local de Fuenlabrada y presidente de Unijepol, la asociación que agrupa a los 1.100 jefes y mandos de las policías locales de toda España, además de a otros profesionales, directivos y técnicos con competencias en la seguridad en el ámbito municipal.
Esta asociación se nutre económicamente, aunque en teoría sin ánimo de lucro, de la cuota anual de 90 euros de sus socios, pero también de los patrocinios de empresas y los ingresos de publicidad de la revista Jefes de Policía Local, además de los ingresos por patrocinio del evento anual Segucity, que ya fue investigado, toda vez que los ingresos de preparación de este evento recalaban en una empresa de su mujer.
Unijepol defendió al Jefe de la Policía Local de Coslada, Ginés Jiménez, en el caso en que éste aparecía como líder de una mafia cuya actividad era la concesión de licencias a locales de alterne.

José Luis Ulibarri, arrestado
Otro de los detenidos destacados es José Luis Ulibarri, que ya se vio implicado en el caso Gürtel y fue el artífice de la inhabilitación del juez Baltasar Garzón durante el proceso de instrucción. Se le investiga por la supuesta contratación irregular de semáforos. Ulibarri gestiona, junto a Antonio Miguel Méndez del Pozo, la televisión privada RTVCYL, un medio del que pueden disfrutar los ciudadanos de Castilla y León, que no cuentan con una televisión pública, pero que tienen esta televisión que se financia con dinero público. En 2018, el Gobierno del PP le dio 18 millones directamente, sin informar a los medios ni publicarse en el boletín regional. Esta televisión es la única con licencia de TDT en una comunidad que no tiene televisión pública. Esta cadena tuvo un 0% de audiencia en Nochevieja.
Además, este empresario es el beneficiario de la concesionaria de los autobuses de Ponferrada, en un limbo legal desde hace años mientras que él sigue beneficiándose del contrato. Es dueño del Diario de León y de varios medios locales. El Grupo Begar, del que es responsable, fue uno de los primeros imputados en el caso Gürtel y la Fiscalía pidió para él 7 años y un mes de cárcel. Está acusado de fraude a las administraciones públicas, prevaricación, tráfico de influencias, delito contra la Hacienda Pública y falsedad en documento mercantil.
Su grupo empresarial, que ahora se llama Elodea, recibió del entonces gobierno de María Dolores de Cospedal en Castilla La Mancha un contrato de 34 millones de euros a pesar de conocer su situación procesal.

Numerosos ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, pero también de toda España
Se investigan a los consistorios de Alcobendas, Fuenlabrada, Majadahonda, Arroyomolinos, Pinto, Villanueva de la Cañada, Guadarrama, Hoyo de Manzanares, Parla, Torrelodones, Manzanares el Real, Galapagar y Valdemorillo. Esto, solo en Madrid. Fuera de esta comunidad, Oviedo, León, San Andrés de Rabanedo y Villaquilambre en Castilla y León, así como Mollet de Vallés y Tiana, de Barcelona, Teruel, Huesca, Plasencia, Vélez-Málaga, Zaragoza, Palencia, Illescas, en Toledo, y Lleida.
igualmente, hay requerimientos en la Diputación de Alicante y en los ayuntamientos de Mataró, Montgat, Pineda de Mar, Premiá de Mar, Rubi, Aldea del Fresno, Brunete, El Escorial, La Cistérniga, El Puig, Gandía, logroño, O’Grove, San Vicente del Raspeig y Vitoria.
En la mayoría de los casos, se trata de consistorios gobernados por el Partido Popular, aunque también hay otros bajo el mando de Ciudadanos, como el de Arroyomolinos, en el que Carlos Ruipérez, su alcalde, se encuentra entre los investigados y fue denunciado por el nombramiento de Guillermo García Jiménez, también implicado, como jefe de la policía local, si bien un juzgado de Valdemoro archivó la denuncia.
Entre los posibles delitos, figuran el de prevaricación administrativa, fraude a la Administración pública, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, falsedad documental por funcionario público y por particular, cohecho, alteración del precio de concurso público y pertenencia a organización criminal.

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