Son los mismos que dictaron el auto que admitir a trámite la querella presentada por la Fiscalía contra los procesados.
La defensa de Jordi Turull, Josep Rull y Jordi Sànchez presentó el pasado viernes un incidente de recusación contra cuatro de los siete magistrados del Tribunal Supremo que han sido designados para el juicio sobre la causa del procés.
Se trata de los jueces Manuel Marchena, Andrés Martínez, Juan Ramón Berdugo y Luciano Varela, quienes, según el escrito, son los mismos que dictaron el auto por el que se admitió a trámite la querella presentada por la Fiscalía el 30 de octubre de 2017 contra los procesados.
“Tuvieron que efectuar valoraciones jurídicas sobre la tipicidad de los hechos”
El texto precisa que “si bien en dicha resolución la Sala extremó las precauciones para intentar no valorar de modo explícito la relevancia penal de los hechos relatados por el Ministerio Fiscal, inevitablemente, para dictar dicha resolución se tuvieron que efectuar valoraciones jurídicas sobre la tipicidad de tales hechos con las que forzosamente se emitió una opinión favorable a su relevancia penal”.
Por tanto, al no desestimar la querella de la Fiscalía, los cuatro jueces “entendieron que los hechos”, destacan los recusadores, “en que se fundaba dicha imputación podían constituir delito, pues si hubieran entendido que eran atípicos habrían debido inadmitirla a trámite”. En consecuencia, a su juicio, los magistrados habrían valorado jurídicamente los hechos imputados, con lo que “se anticipa el juicio de que tales hechos penalmente relevantes”.
En el texto, se recrimina que el relato de los hechos que consta en la querella pasó “prácticamente inalterado al auto de procesamiento, sin que la instrucción haya aportado prácticamente ningún dato relevante, porque en realidad poco o nada había que investigar respecto de hechos que habían sucedido a la luz pública y ante las cámaras de televisión”.
Se cuestionan que no haya prejuicios
“Habiendo valorado ya en el pasado los cuatro magistrados tales hechos”, se cuestionan los encausados, “¿qué confianza pueden tener mis mandantes de que, en tanto que miembros del tribunal enjuiciador, los magistrados se aproximarán a los hechos enjuiciados sin prejuicio o precomprensión alguna acerca de la relevancia penal de las imputaciones?”
“¿Qué esperanza puede tener esta defensa”, continua, “de que la Sala concluye que los hechos son penalmente atípicos y los procesados merecen ser absueltos cuando en su día cuatro de los cinco magistrados concluyeron que tales hechos tenían relevancia penal?”
Colaboraron con el juez Llarena
Además, la defensa señala que los cuatro jueces recusados “se han mantenido en permanente contacto y colaboración profesional” con Pablo Llarena, el juez instructor, durante la investigación, por lo que es deducible que durante ese tiempo han podido “comentar los pormenores de un procedimiento con tanto revuelo mediático y político como el presente”.
“Asimismo, cuando llegue el acto del juicio”, abundan, “los miembros del órgano enjuiciador se verán obligados a revisar las conclusiones de otro magistrado con el que cotidianamente comparten sala y deliberan a menudo, no quedando garantizada aquella sana distancia que, para reforzar la necesaria apariencia de imparcialidad, cabe esperar que exista siempre entre el juez investigador y la sala de enjuiciamiento”.
Los tres encausados han anunciado en este incidente de recusación que acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo con el fin de denunciar este aspecto concreto.