Planearon también crear una unidad especializada en “españolismo violento”.
En uno de los últimos informes enviados por la Guardia Civil al Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona, se señala que los independentistas catalanes plantearon la prohibición de los partidos que fueran contrarios a la República catalana o a su Constitución, además de espiar a aquellos grupos que entendían que podían actuar contra el nuevo Estado y la creación de una unidad especializada en “españolismo violento”.
El documento se ha elaborado a partir de la documentación intervenida a Santiago Vidal, ex senador y juez, sobre los trabajos realizados para redactar la Constitución de la futura República. Así, el título II de ese texto citaba expresamente que “se permitirá la existencia de todo tipo de participación política, siempre y cuando su programa electoral no vaya contra la existencia de Cataluña como Estado ni contra esta Constitución”.
Asimismo, en el capítulo VI de dicho borrador se manifestaba que todos los funcionarios del nuevo Estado tendrían una “única nacionalidad”, la catalana, estableciéndose un plazo de seis meses desde la declaración de independencia para que los funcionarios hicieran “manifestación expresa” sobre si querían seguir siendo ciudadanos del Reino de España. De ser así, cesarían en sus funciones, pero se les permitiría residir en Cataluña, perdiendo su condición de funcionarios, en tanto en cuanto seguirían siendo ciudadanos europeos.
No obstante, había excepciones. No podrían conseguir ni conservar la ciudadanía catalana aquellos militares profesionales que no fueran catalanes de origen ni los miembros de las fuerzas del orden público militar o civil del Reino de España o si habían formado parte de un gobierno extranjero. Aún así, se estudiaría caso por caso para otorgar la nacionalidad catalana si “renunciaran a la de su origen”.
También se refiere el borrador a la derogación de la Monarquía española, así como la efectividad de todos los títulos nobiliarios concedidos a y o por la Casa de Borbón desde 1700 y hasta la actualidad.
Entre la documentación incautada a Vidal también se encuentra la planificación de las estructuras necesarias para el nuevo Estado independiente y en el que se tratan asuntos como el orden público y la defensa. Cataluña contaría con un ejército para responder a las emergencias internas y externas, además de los Mossos d’Esquadra.
Según queda reflejado en los documentos, el Govern debe garantizar el control del orden público ante la Declaración Unilateral de Independencia de forma que se avance en el procés hacia la soberanía con la máxima normalidad posible, ya que, “para ser aceptado como Estado, hay que ser capaz de garantizar la seguridad de las personas y el control del territorio”.
Por tanto, y en aras de ello, la Policía debería disponer de información sobre aquellos grupos que pudieran actuar contra el nuevo Estado, cómo podrían llegar a hacerlo, en qué condiciones, cómo podrían ser disuadidos y cómo se afrontaría la situación. “Los máximos mandos han de contar con absoluta lealtad al cuerpo y no tener ninguna duda, algo que hay que tener trabajado y testeado previamente”, reza uno de los textos.
Para ello, subraya la Guardia Civil sobre los documentos, “será necesaria una unidad dedicada a las actividades de contrainteligencia que establecería una política de clasificación de la información de la administración y de los derechos de acceso siguiendo criterios de inteligencia”.
A ello se añade el planteamiento de crear una “unidad especializada en españolismo violento” para conseguir información e inteligencia y “administrar el ejercicio de la presión policial”.
También, en ese mismo documento, se menciona la enseñanza como “vehículo de socialización política y de cohesión social” y que “junto a los medios de comunicación y otros espacios públicos compartidos y la vivencia de los símbolos nacionales, fortalezcan vínculos, lealtad y el sentimiento de pertenencia al nuevo Estado”.