Unos 147 millones de personas pueden elegir presidente, gobernadores, diputados, dos tercios de los senadores y de los representantes regionales.
Los brasileños están convocados hoy en las elecciones más polarizadas de su historia por la ultraderecha y el progreso. El clima es de hastío con la clase política, con graves problemas financieros. Si ninguno de los candidatos presidenciales supera el 50% de los votos, habrá una segunda vuelta el 28 de octubre.
Todo el proceso electoral ha venido determinado por el caso de Lula da Silva, al que se le ha impedido presentarse como candidato a la presidencia de Brasil, procesado y condenado en segunda instancia por corrupción pasiva y blanqueo de capitales. El ex presidente brasileño tuvo que terminar cediendo su candidatura a Fernando Haddad, ex ministro de Educación.
Mientras se mantuvo como candidato del Partido de los Trabajadores, PT, Da Silva lideró las encuestas con una holgada ventaja, con alrededor del 40% de la intención de voto. Su sucesor no ha conseguido esa cifra, aunque en las últimas semanas ha ascendido notablemente en las prospecciones y con la promesa de seguir el programa electoral que escribió junto a Lula.
En opinión de Jamil Marques, politólogo de la Universidad Federal de Paraná, “el ex presidente Lula sigue siendo el principal líder del PT. Mantiene una influencia central en las elecciones. Se manifiesta cuando establece las directrices políticas y discursivas del partido. También cuando se convierte en el blanco de los opositores del PT. El rechazo al Lula es mayor que el rechazo a Haddad”.
Éste mantiene en su programa terminar con la austeridad que impuso el Gobierno de Michel Temer, que alcanzó el poder después de ser destituida Dilma Rousseff, del PT, en 2016 por violar la ley presupuestaria. También pretende subir los impuestos a los más ricos, bajarse los a los pobres y un plan de infraestructuras que se financie con las reservas internacionales de Brasil. Según la encuesta de Datafolha, le respalda el 24% de los votantes.
En el lado opuesto, Jair Bolsonaro, un ultraderechista del Partido Social liberal, PSL, ex capitán del Ejército, que es quien ahora lidera las encuestas con el 32% en la intención de voto. Con un discurso poco tradicional, parece haber concentrado las preferencias de los brasileños que están hartos de la clase política y de la corrupción, en especial del PT, y quieren devolver el “orden” a Brasil. Después de ser apuñalado en el abdomen en un acto electoral por un perturbado, ha continuado el resto de su campaña desde un hospital de São Paulo. A pesar de no haber asistido a los debates televisivos ni acudir a grandes actos, ha mantenido una influencia notable en las redes sociales.
Así, la campaña ha centrado su atención en la cárcel de Curitiba, donde cumple sentencia Lula, y el hospital donde se recupera Bolsonaro. En las intervenciones de éste, ha prometido mano dura contra homicidas y narcotraficantes, aumentando las penas. Asimismo, quiere dar más poder a la Policía y que la población pueda armarse para su propia defensa. Se opone a los programas inclusivos de género y al aborto y pretende acabar con las cuotas universitarias que favorecen a pobres, negros e indígenas.
Quienes se oponen a él le consideran un machista, racista, homófobo y militarista, y alertan acerca de su nostalgia por la dictadura brasileña, de entre 1964 y 1985, además de ser muy criticado por sus declaraciones sobre el feminismo y la homosexualidad. Si fuera elegido presidente, la política financiera quedará en manos del economista Paulo Guedes, un ultraliberal. El anuncio de su nombramiento como asesor fue celebrado con subidas en los mercados.
Estas elecciones están enormemente polarizadas. Los dos candidatos concentran en ellos casi el 60% de las intenciones de voto, pero también el 79% que se oponen a ellos. Según la última encuesta del instituto Ibope, Bolsonaro no es querido por el 42% de la población, mientras que Haddad experimenta el rechazo de un 37%.
la corrupción determina la buena parte de los resultados de estos comicios. Es la primera vez en que los brasileños votan después de los escándalos de corrupción. El candidato de la ultraderecha ha basado gran parte de su campaña y su popularidad en el hecho de que no está acusado de acto alguno de corrupción.
Por su parte, el candidato del PT, ha surgido como un político “limpio” dentro del partido, aunque haya sido recientemente denunciado por la Fiscalía de São Paulo por haber recibido, presuntamente, alrededor de 570.000 euros en 2012, para afrontar el pago de una deuda que su campaña electoral a cambio de contratos públicos. Haddad ha denunciado una “persecución” y, por supuesto, negado los hechos.
El nuevo presidente y su Gabinete deberán afrontar las graves turbulencias financieras que vive Brasil, después de dos años de recesión y otros dos de un crecimiento muy débil. Además deberá abordar la reforma del sistema de pensiones para garantizar su sostenibilidad.
También sobrevuelan los índices de violencia y criminalidad. Por tercera vez consecutiva, el país suramericano ha batido los récords de homicidios en 2017, con al menos 63.800 personas asesinadas el pasado año.
Juan Manuel Karg, politólogo experto en sociedades latinoamericanas de la Universidad de Buenos Aires, explica que “existe en Brasil una descomposición creciente del Estado de Derecho en el contexto de una democracia de baja intensidad creada tras la destitución de Rousseff”.
Puesto que todo parece apuntar a que Haddad y Bolsonaro serán quienes se enfrenten en la segunda vuelta del día 28 de octubre, el resto de los candidatos serán cruciales para decantar la balanza en lo que parece que será un empate técnico, según los sondeos más recientes.