Llarena a punto de reactivar la euroorden de detención contra Puigdemont

Lo hará cuando dicte el auto de procesamiento contra la cúpula del procés.
Según fuentes de judiciales, el Tribunal Supremo quiere que la instrucción de este caso finalice a finales de marzo o comienzos de abril, de forma que se pueda elevar ante la Sala de lo Penal antes de que termine el verano. Será entonces cuando Puigdemont, los cuatro ex consejeros huidos a Bélgica y el resto de los encausados presos, sean inhabilitados en virtud del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. También será entonces cuando el juez dicte una orden de prisión internacional contra el ex presidente catalán y Toni Comín para inhabilitarles. De este modo, las autoridades belgas, si es que entonces continúan allí, conocerán todas las pruebas que hay contra ellos y se evitará que la justicia belga límite el alcance de los delitos por los que se les pueda juzgar España, ya que cuando el juez Llarena asumió el sumario del caso estaba en una fase incipiente lo que le llegó a retirar la euro orden de detención. Caso distinto esa hora en que la instrucción ha hecho que salgan a la luz nuevas pruebas.
Al juez del Supremo todavía le falta un informe de la Guardia Civil que vincule a los cabecillas del procés con la violencia vivida antes y después del referéndum ilegal del 1 de octubre. Tres coches de la Guardia Civil destrozados y en torno a 40.000 personas rodeando la comitiva judicial durante el registro del 20 de septiembre de la consejería de Economía dirigida por Oriol Junqueras y diez agentes de las fuerzas estatales heridos y numerosos contusionados por los actos agresivos que llevaron a las cargas policiales del 1 de octubre, son pruebas de la violencia desatada en los días anteriores y durante la jornada del sufragio ilegal. Ahora se trata, también, de ver si las personas que bloquearon los colegios electorales fueron de manera espontánea o lo hicieron alentados por los dirigentes secesionistas, como indican las pesquisas. Testimonios, mensajes en las redes sociales y grabaciones acreditan que los Jordis promovieron la manifestación del 20 de septiembre. Los delitos de sedición y malversación de caudales públicos parecen ya acreditados en la causa, pero ahora se trata de demostrar con hechos el delito de rebelión.

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