Llarena mantiene en prisión a junqueras, Forn y los ‘Jordis’ por ‘reiteracion delictiva’

Impone una fianza de 100.000 euros a cada uno de los demás ex consellers.
Según el auto dictado, en la mañana de ayer, por el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, Oriol Junqueras, Joaquim Forn y los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, permanecerán en prisión incondicional. A su vez el juez y arena ha dictado auto de libertad para Carlos Mundó, Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa y Meritxell Borràs, una vez que se comprobó que han depositado la fianza de 100.000 euros impuesta. Además, deberán presentarse semanalmente ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña o juzgado o tribunal según les convenga, comparecerán ante el Supremo siempre que sean requeridos, tienen prohibido salir del territorio nacional y se le retira el pasaporte. El fiador de las fianzas es el tesorero de la ANC, Marcel Padrós.
El magistrado del Supremo ha analizado especialmente el riesgo de fuga y el de reiteración delictiva. En el caso de los cuatro independentistas que siguen en prisión, no aprecia riesgo de fuga al tener un profundo arraigo personal, laboral y social. En el supuesto delito de rebelión, entiende que el papel desempeñado por ellos es similar al de Carme Forcadell.

Reiteración delictiva
Sin embargo respecto a la reiteración delictiva, el juez del Supremo sí aprecia un mayor riesgo, en tanto en cuanto perseveraron en su determinación, aún sabiendo que se aplicaría el artículo 155 de la Constitución, por lo que advierte de los daños que pueden ocasionar al reiterar sus aportaciones, caso distinto de los ex miembros de la Mesa, que se limitaron “a desatender cuantas decisiones judiciales se habían dictado”.
Llarena reconoce que, en cuanto a los seis ex consejeros ahora excarcelados, creer la promesa que hicieron de no volver a delinquir es “asumir un confiado pronóstico”, a pesar de lo cual les concede la libertad con medidas cautelares, ya que, entiende, que, si volvieran a delinquir, “podría corregirse completa e inmediatamente”, mandándolos de nuevo a prisión. Sin embargo, el juez cree que, en el caso de los cuatro detenidos que seguirán en prisión, la gravedad de las consecuencias, en el caso de reincidir, serían mayores, ya que sus aportaciones están directamente vinculadas a una explosión violenta que, de reiterarse, no deja margen de corrección o de satisfacción a quienes se vean alcanzados por ella”, recordando la situación de violencia vivida por una comisión judicial que registraba la Consejería de Economía en Barcelona, que se vio asediada por decenas de miles de personas, hecho en el que implica a los cuatro, a Sànchez y Cuixart porque impulsaron las movilizaciones, sabiendo que “se iban a infiltrar necesariamente comportamientos agresivos”, a pesar de que la mayoría de los congregados abogaban por la no violencia; a Junqueras porque “acudió” a estos hechos violentos, y a Forn como responsable de los Mossos que “favorecieron o no desplegaron ninguna actuación que pudiera poner termino” a aquello.
El juez también hace referencia a otros hechos como que se impidió el registro de la empresa Unipost, el asedio a los hoteles donde se alojaba la policía, los cortes de carreteras y, vías ferroviarias o las “murallas humanas que defendían de manera activa los centros de votación” durante el 1 de octubre, apedreando los vehículos policiales “o forzando a los agentes a emplear una fuerza que hubiera resultado innecesaria de otro modo”.






Formaban parte del comité estratégico
Junqueras, Cuixart y Sànchez forman parte del llamado comité estratégico, cuyos miembros, considera el juez, “han desempeñado una función definitoria de cómo y cuándo llevar a término cada una de las actuaciones del proceso y, consecuentemente, de la violencia y los tumultos”, siendo estos, la violencia y los tumultos, “los elementos que constituyen la esencia de los delitos de rebelión y de sedición que se investigan”. Ante la gravedad de las consecuencias que supondría la reiteración de sus conductas, el magistrado debe actuar “con un mayor grado de rigor y cautela, a la hora de conjugar el derecho a la libertad de los investigados y el derecho de la comunidad de poder desarrollar su actividad cotidiana en un contexto despojado de cualquier riesgo previsible de soportar comportamientos que lesionen de manera irreparable, no sólo su convivencia social o familiar, así como el libre desarrollo económico y laboral, sino la propia integridad física”.
Para Llarena, con la afirmación de abandonar su estrategia de actuación no desaparece el peligro, por lo que es necesario “constatar que la posibilidad de nuevos ataques haya efectivamente desaparecido, o que paulatinamente se vaya confirmando que el cambio de voluntad es verdadero y real”.
Las defensas de los cuatro han anunciado que recurrirán el auto del juez ante la Sala de lo Penal del Supremo.

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