Con 176 votos, un voto más de la mayoría absoluta, salió adelante, este jueves, la Ley de Vivienda en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Una norma que ha impulsado el Gobierno y negociado con ERC y Bildu para garantizarse pasar este trámite. En contra se posicionaron 167 parlamentarios.
En concreto, la Ley de Vivienda contó con el respaldo de PSOE, Unidas Podemos, los republicanos catalanes, los abertzales, Más País, Compromís, PRC y Teruel Existe.
A su vez, se opusieron PP, Vox, Ciudadanos, Foro Asturias, PNV, Junts, PDeCAT, CUP y Coalición Canaria. En el caso de la formación canaria, al considerar que invade competencias de las Comunidades Autónomas, mismo argumento que BNG, aunque los gallegos se abstuvieron.
Ahora corresponde que pase el mismo trámite en el Senado, donde no se esperan mayores inconvenientes, aunque sí alguna enmienda. En ese caso, la norma volvería a la Cámara Baja.
Con todo, se confía en que entre en vigor antes del 28 de mayo, fecha de las elecciones autonómicas y municipales.
Así, como venimos contando, la norma introduce nuevos límites a las actualizaciones anuales de las rentas de los alquileres en toda España.
La Ley de Vivienda fija límites a la subida de los alquileres
Concretamente, mantiene el 2% actual para 2023 y sube al 3% como máximo en 2024. Será antes del final de ese último año cuando deberá haberse creado un nuevo índice de referencia, en vez del IPC.
De ello se ocupará el Instituto Nacional de Estadística (INE). Esta nueva referencia que se aplicará tanto a los contratos nuevos a partir de su creación y entrada en vigor como a los contratos anteriores.
Dicho esto, se compensarán en parte estas limitaciones mediante la inclusión en la Ley de Vivienda de incentivos fiscales a pequeños propietarios.
Por otra parte, se protegen los parques públicos de vivienda y se prohíbe que se vendan a fondos de inversión.
Asimismo, se amplían los porcentajes de reserva de suelo para vivienda protegida, pasando del 30% al 40% en suelo urbanizable. Igualmente, del 10% al 20% en suelo urbano no consolidado.
A más, se establecen mecanismos que garanticen la transparencia en el ámbito inmobiliario en la compra y también en el alquiler.
Respecto a las zonas tensionadas, se establecen las condiciones para su declaración y a quién corresponde hacerlo. También, ciertos condicionantes y restricciones a partir de su declaración como zona tensionada.