Las diferencias entre PSOE y Unidas Podemos acerca de la futura Ley de Vivienda llevan a un nuevo retraso y tampoco estará lista en marzo. Incluso podría retrasarse aún más a causa de las elecciones autonómicas en Madrid.
El mayor escollo se encuentra en la regulación del alquiler. Por un lado, el Ministerio de Transportes propone un sistema de incentivos a quienes bajen los precios a los inquilinos.
En cambio, desde la formación morada insisten en que no aceptarán más “incumplimientos” del acuerdo de gobierno. De hecho, han preparado un modelo de techo de precios para los mercados más tensionados.
Fuentes cercanas a la negociación creen que no se alcanzará un acuerdo en la reunión que hoy mantendrán los equipos de Transportes y de la Vicepresidencia segunda.
Y es que el encuentro se centrará en otros asuntos de la norma, como el sistema para que emerja vivienda vacía, no en el alquiler.
Así, los dos partidos de la coalición de gobierno acordaron que la Ley de Vivienda debería estar en tres meses en el Consejo de Ministros. Asimismo, desde octubre, en cuatro meses llevarla al Congreso de los Diputados. Por tanto, debería haber estado lista en febrero.
Las elecciones catalanas provocaron un parón en la negociación, a pesar de lo cual José Luis Ábalos señaló que el objetivo sería tenerla en marzo. Por ahora no va a estar y, con los comicios en la Comunidad de Madrid, se corre el riesgo de que se retrase aún más. En el fondo, sigue estando la gran distancia entre las posiciones de socialistas y morados respecto al alquiler.
En Primero de Económicas se enseña que la limitación de precios provoca una reducción de la oferta y un perjuicio para los arrendatarios de las clases menos favorecidas.
La ley de Francisco Franco, de 1964, idéntica a la propuesta por Podemos, provocó hacinamientos, infravivienda y un grave perjuicio para los trabajadores y los menos favorecidos.
Solo el incremento de oferta, la construcción de vivienda pública, la provisión pública de alquileres baratos, ha sido efectiva en el mundo entero, como propone el PSOE.