El Consejo de Ministros de este martes aprobó el proyecto de Ley de Vivienda tras el informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Ya le había dado luz verde a finales de octubre, pero era preceptivo esperar al informe del órgano de gobierno de los jueces. Aunque no es vinculante, precisamente, el CGPJ emitió un informe desfavorable
El órgano de gobierno de los jueces señaló que el Gobierno podría estar invadiendo competencias de las Comunidades Autónomas. A ello se ha referido Raquel Sánchez, ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana.
En ese sentido, señaló que se han “incorporado comentarios” con el fin de “clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica”.
Añadió que “el Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades autónomas en materia de vivienda”.
Asimismo, “pone a su disposición aprobar todas aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico”, indicó.
Y es que el Ejecutivo ha remarcado que pidió al CGPJ un informe con el fin de estudiar posibles interferencias con otras leyes. En concreto, con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
Así, el Gobierno “entiende las funciones consultivas del CGPJ y cuál es el ámbito que tienen estos informes”, apuntó la ministra. Agregó que el informe tenía que haberse circunscrito “a esos tres artículos”.
Pese a ello, el Ejecutivo ha considerado algunas recomendaciones con el fin de mejorar la ley. “Se refieren a cuestiones para clarificar el entendimiento del Estado para regular esta materia”, explicó para luego aludir al artículo 149 de la Constitución. En él se habla de las competencias exclusivas del Estado.
Ahora, la Ley de Vivienda debe aprobarse en el Congreso de los Diputados. El Gobierno quiere que entre en vigor en el segundo semestre de este año. Por ello, ha pedido su tramitación de urgencia.