Este martes, el Consejo de Ministros ha aprobado el anteproyecto de la Ley de Familias, “una de las leyes más importantes de este curso político”.
De este modo se ha manifestado Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, en la rueda de prensa tras la reunión del Gabinete.
Una norma que el Gobierno debería haber aprobado en octubre para que pudiera entrar en vigor ya en enero del próximo año. Sin embargo, por distintas causas, la parte socialista del Ejecutivo ha ido retrasándola.
Incluso, se puso fecha para ello, aunque posterior, y debería haberse tratado en el Consejo de Ministros del 29 de noviembre.
Sea como fuere, el Gobierno ha dado luz verde para que ahora comience el trámite parlamentario de esta inédita Ley de Familias.
Entre sus avances en derechos sociales, se equiparan las parejas de hecho a los matrimonios. Asimismo, incorpora un permiso de cinco días al año retribuidos para el cuidado de un familiar o conviviente.
Además, considera familias numerosas las monoparentales y monomarentales con dos hijos a cargo.
Destaca, igualmente, la prohibición del llamado ‘PIN parental’ en los centros educativos. Éste consiste en que los padres podrán impedir, en el ámbito educativo, el acceso a contenidos acerca de diversidad familiar. Ahora, queda vetado.
En términos globales, la ley amplía la protección social a las familias y el apoyo a la crianza. También avanza en la garantía del derecho a la conciliación.
La norma, asimismo, reconoce plenamente la diversidad familiar, es decir, los diferentes tipos de familias que existen en nuestro país.
Su cuarto pilar es el reconocimiento y protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes.
Precisamente, para reforzar la protección social, se extiende la renta de crianza de 100 euros mensuales a un mayor número de familias con hijos de cero a tres años.
Según ha trasladado Belarra, la norma viene a ser el comienzo para “remediar carencias históricas” y “refuerza la protección de todas las familias”.