La falta de renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es una “seria anomalía” para Carlos Lesmes, su presidente. Así lo manifestó en su discurso en el solemne acto de apertura del año judicial, con presencia del rey Felipe VI y las más altas autoridades del ramo.
En su intervención, el también presidente del Tribunal Supremo (TS) recordó que la Constitución establece que la duración de cada mandato es de cinco años. De ahí que “me veo en la obligación de exhortar nuevamente a los poderes públicos concernidos a renovar la institución sin mayores dilaciones”.
La sede del TS fue el escenario del solemne acto en el que Lesmes explicó que, con todo, el CGPJ tiene también muy importantes funciones, como nombramientos, ascensos, inspección y régimen disciplinario. Todos ellos son permanentes y deben seguir desarrollándose para no provocar un “grave quebranto” a la Justicia española.
“Una paralización institucional mantenida en el tiempo” dañaría a la Justicia “en un momento en el que debe afrontar unos retos enormes”, señaló.
Lesmes dedicó buena parte de su discurso al papel jugado por el Poder Judicial durante la epidemia y, más concretamente, durante el estado de alarma. “La complejidad de la situación vivida bajo el estado de alarma obliga a efectuar algunas reflexiones sobre aquellos estados especiales contemplados en el artículo 116.2 de la Constitución Española”, apuntó.,
Unas situaciones que “configuran lo que se ha dado en llamar el ‘Derecho de necesidad’, analizando cuál ha de ser la función del Poder Judicial en esos estados especiales”, abundó.
Así, el presidente del CGPJ quiso recordar que se dispone de múltiples exposiciones ordinarias de necesidad que no representan una “suspensión genérica de la Constitución”.
Para Lesmes no es necesario llegar al estado de alarma
En ese sentido, agregó, es la ocasión de poner el foco en multitud de decisiones sanitarias que conllevaron restricciones de la libertad personal. Éstas quedaban amparadas por la legislación sanitaria ordinaria de excepción que requieren “un ulterior control judicial aun adoptadas bajo el régimen de alarma”.
Apuntó varios aspectos más del papel jugado por los juzgados durante esta situación excepcional. Tras ello, deseó que su discurso “sea el último” que pronuncia como presidente del órgano que gobierna a los jueces.
Entonces, detalló que tal vez sea hora de “alentar un verdadero giro estratégico a nivel legislativo” acerca del modo de concebir la estructura del proceso judicial. Abogó, de esta forma, porque la tecnología y la digitalización “vertebren las tareas procesales en su integridad”.
Aportó, entonces, los datos de la Memoria de la situación de la Justicia de 2019, tras lo cual pidió reformar los recursos extraordinarios.
También, reclamó una reforma urgente de la Ley de Enjuiciamiento Civil para dar al recurso de casación el tratamiento que reclama su naturaleza de recurso ordinario. La idea es que se simplifique su configuración con un único recurso que no esté en dependencia del tipo o cuantía del proceso.
Hipócrita, da un paso atrás y desaparece la anomalía.