Podría ver reducida la petición inicial de la fiscal para él de 24 años y medio de cárcel.
Durante la exposición de las cuestiones previas, y en respuesta a la petición de Francisco Correa de reducción de su pena, la fiscal Myriam Segura ha comunicado que podría rebajar la petición inicial de 24 años y medio de prisión que pide para el empresario valenciano si colabora con la justicia a lo largo de la vista oral, que arrancó ayer en la Audiencia Nacional. Mediante un escrito, la semana pasada, Correa reconoció que los servicios prestados por Orange Market al PP valenciano fueron pagados “mediante facturas correctas, mediante pagos en B y mediante la creación de facturas ficticias que se giraron a distintos empresarios por trabajos no realizados realmente a sus empresas”.
En el escrito dirigido al juez, el llamado jefe de la Gürtel igualmente reconoce que Álvaro Pérez el Bigotes, también acusado en esta causa, le presentó, a través de un amigo, a Francisco Camps, y que fue el propio ex presidente del PP valenciano quien “propuso hacer eventos”. A su vez, admite, respecto al modo de pago de los eventos llevados a cabo por Orange Market, el modus operandi que la Fiscalía sostiene en el escrito de acusación, aunque Correa dice no conocer los “detalles” de las operaciones.
Se inicia el juicio sobre la pieza separada del caso Gürtel que investiga la supuesta financiación irregular del PP valenciano
Cuando ayer se inició el juicio, en la Audiencia Nacional, ante el juez José María Vázquez Honrubia sobre esta pieza del caso Gürtel se puso de manifiesto una especie de sálvese quien pueda con dos bloques claramente diferenciados. Por un lado el sector de Pablo Crespo, Álvaro Pérez el Bigotes, Ricardo Costa y Vicente Rambla, que contradicen la versión de que algunos empresarios que se vieron beneficiados de contratos públicos pagaron de manera conjunta 2,2 millones de euros a Orange Market por actos y trabajos realizados para las elecciones autonómicas y municipales de 2007 y generales de 2008. Este bando considera que los delitos que se les imputa han prescrito, por lo que reclaman la nulidad de la causa, además de por supuestas irregularidades en la investigación.
El otro bando lo forman Francisco Correa, considerado el cerebro de la trama, y los nueve empresarios que reconocieron haber pagado a Orange Market las cantidades que el PP valenciano debía haber abonado por los gastos electorales. Con la idea de rebajar la pena de una supuesta condena, la semana pasada el abogado de Correa presentó un escrito dirigido al juez en el que el empresario valenciano admitía que los conservadores valencianos pagaron en torno a 2,2 millones de euros en B a sus empresas de organización de eventos. Por su parte, los empresarios de este bando del banquillo confirmaron, anteriormente, la supuesta financiación ilegal del PP de Valencia, y ahora quieren que, antes del trámite de conclusiones definitivas, la fiscal Myriam Segura confirme que acepta cambiar por multas las penas solicitadas, de entre cuatro y seis años de prisión, para ellos por unos supuestos delitos electorales y de falsedad documental.