El Fondo de Población y la organización Plan han realizado un estudio mediante el cual analizan las causas del matrimonio infantil y forzado que se produce en América Latina. La desigualdad de género, la doble moral, son cuestiones que las obligan a entrar en este tipo de relaciones.
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En los últimos diez años no se ha detectado casi ningún descenso en este tipo de uniones en América Latina. En 2017, el 23% de las mujeres de 20 a 24 años ya había estado casada o en unión a los 18 años, y el 5% a los 15 años.
Según se ha analizado en un nuevo estudio realizado por Fondo de Población y la ONG Plan internacional en Bolivia, Brasil, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Perú, República Dominicana y Guatemala, se ha dado con las causas que provocan este tipo de uniones.
Para huir de la violencia.
El informe indica que las niñas se casan para escapar del abuso y de la violencia que viven en sus propios domicilios. Normalmente, vuelven a enfrentarse, en esos matrimonios, con la misma violencia y los mismos abusos. Este crimen es aceptado por la sociedad y no se da cuenta a las autoridades.
“Los casos que se podrían calificar claramente de abuso físico o sexual de menores bajo la ley no se presentan judicialmente, como tampoco sucede con aquellos de violencia contra la infancia o la violencia de pareja. El sexo con niñas es consentido o tolerado por la comunidad. Los propios hombres declararon que usan la violencia y el control con sus esposas adolescentes, y que dominan en la toma de decisiones”, se transcribe en el informe.
Para escapar de la pobreza.
Las niñas con el fin de huir de la pobreza se someten a estas uniones, aunque una vez en ellas pierden su autonomía económica.
Muchas niñas se ofrecen voluntarias para que en sus familias haya una boca menos que alimentar.
Por la doble moral sexual.
Según el estudio, en las normas de género viene recogido lo que las niñas pueden y no pueden hacer antes y durante el matrimonio.
Desde muy pequeñas se les enseña que los niños son más valorados y tienen más libertad. Ellas deben combinar las tareas domésticas con la escolarización.
“Los padres que temen que sus hijas puedan ser sexualmente activas responden limitándoles la movilidad y sus interacciones con niños y hombres, en lugar de brindar educación sexual o alentar la toma de decisiones de ellas. Las niñas idealizan el amor romántico, pero carecen de autonomía para decidir cuándo y bajo qué circunstancias mantener relaciones sexuales, y dialogar sobre sexo se considera algo vergonzoso. Los padres que descubren que sus hijas tienen relaciones sexuales presionan a los compañeros masculinos para que se casen con sus hijas, y así salvar el honor de la familia”, se recoge en el informe.
En estas normas se reflejan valores patriarcales y discriminatorios, sobre todo, por no proteger a las niñas del sexo por coacción y los embarazos no deseados.
Por las normas masculinas dominantes.
Tal como indica el Fondo de Población, las niñas no tienen derechos y libertades básicas, como para vestirse o salir sin permiso.
“Los hombres también se sienten validados en el matrimonio con niñas. Muchas niñas y sus parejas en los ocho países de estudio ven que los ‘verdaderos hombres’ son los que tienen dinero, pueden ayudarlas económicamente y tienen medios de transporte”, consideran los expertos.
Por sus propios padres.
En el informe se subraya que son los padres y las madres quienes consienten las uniones tempranas.
“La toma de decisiones por parte de padres y madres es indiscutible, ya que el embarazo en la adolescencia y el matrimonio y unión temprano y forzado se considera un asunto familiar privado”, se lee en el reporte, que asegura que, “en algunos contextos, las uniones son hasta organizadas por el padre de la niña y las autoridades de la comunidad”, dicta el informe.
Aunque, escasamente, también existen padres y madres que intentan evitar este tipo de uniones.
Por la falta de educación.
Las normas de género especifican que la escolarización es más importante para los niños que para las niñas, puesto que ellas tienen “menos probabilidades de realizar un trabajo futuro que les exija una educación”.
Otra causa, a pesar de que en este caso las leyes sí ofrecen garantías, es la expulsión de las niñas embarazadas de la escuela, por considerarlas un “ejemplo vergonzoso” para otras niñas.
“El acceso de las niñas a la anticoncepción es extremadamente limitado. Los protocolos son inconsistentes y no hay suficientes proveedores de atención médica capacitados, particularmente para adolescentes muy jóvenes. Los niños y los hombres están también desatendidos en lo que respecta a la divulgación sobre salud sexual y reproductiva, y no consideran que la prevención del embarazo o la crianza sean su responsabilidad. Una vez que quedan embarazadas, las niñas casi no tienen acceso a servicios médicos ni a un aborto seguro en los lugares donde es legal”, afirma la investigación.
Por las leyes débiles.
Recientemente, se han producido cambios legislativos que sitúan la edad mínima para contraer matrimonio en los 18 años, en conformidad con los acuerdos internacionales.
En cambio, las leyes también incluyen sus excepciones como que los padres, madres, tutores, jueces o juezas pueden aprobar una unión de este tipo antes de que la niña tenga los 18 años.
“Las uniones informales permanecen a menudo fuera del ámbito administrativo de las agencias gubernamentales, creando grandes vacíos para evitar tanto las sanciones oficiales como los servicios de apoyo”, recoge el estudio.
Según los investigadores, estas uniones están consideradas como un “asunto privado”, y se realizan pocas acciones para evitar el matrimonio infantil.
“Los gobiernos no están actuando con suficientemente determinación para prevenir o responder al abuso sexual infantil, la violación y otras formas de violencia de género (…) En muchos entornos, los/as menores no pueden por sí mismos/as buscar protección del gobierno y las leyes. Y en la mayoría de los entornos, no hay coordinación entre los servicios de salud y el sistema judicial en casos de violación”, asevera el informe.
El Fondo de Población y el Plan Internacional consideran que, en los países donde se realizó el estudio, no existen sistemas efectivos de protección social para las niñas, ni para los hijos nacidos de sus parejas.