Las penas a los líderes del ‘procés’ obligan a su encarcelamiento durante años

Las penas a los líderes del ‘procés’ obligan a su encarcelamiento durante años

¿Es ironía? La acusación de rebelión contra los líderes del procés independentista no se sostenía porque la violencia ejercida, que sí hubo, no iba enfocada a la consecución de la secesión de Cataluña, sino a impedir el cumplimiento de las leyes o el ejercicio de las funciones de las autoridades, corporaciones oficiales o funcionarios públicos. Así lo dice la sentencia del Tribunal Supremo.

Ésta es la base por la que ha condenado a nueve de los doce encausados por sedición y no por rebelión. A cuatro de ellos se los condena también por un delito de malversación, mientras que a tres de los doce se los absuelve de éste y se los condena por desobediencia –estaban acusados por la Abogacía del Estado por sedición, pero el alto tribunal no lo ha estimado-.

En resumen, es cierto que nueve tendrán que cumplir pena de prisión durante años, salvo que se les aplique el tercer grado penitenciario: Oriol Junqueras, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. Carles Mundó, Meritxell Borrás y Santiago Vila no pasarán por la cárcel.

El Supremo basa su sentencia, y las condenas, en el hecho que estima que sí se cumplen los requisitos del artículo 544 del Código Penal que regula el delito de sedición. Este es aplicable a quienes se alcen “pública y tumultuariamente” para impedir “por la fuerza o fuera de las vías legales” que se cumplan las leyes o pueda ejercer sus funciones cualquier autoridad, corporación oficial o funcionario público.

Así, la sedición se castiga con penas de cárcel de entre 8 y 10 años a quienes hayan “incidido, sostenido o dirigido” la sedición. A las personas que, además, estén “constituidas en autoridad” se las castiga con entre 10 y 15 años de prisión.

El hecho de que se aplique la sedición en concurso medial –cuando un delito es necesario para cometer otro- con el delito de malversación y de forma agravada ha llevado a que las penas hayan sido mayores que las solicitadas por los Servicios Jurídicos del Estado. Con todo, el acceso al tercer grado penitenciario queda más o menos cerca para cada uno de los sentenciados.

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