Las partidas sociales que no se pondrán en marcha por culpa del rechazo del Presupuesto

Dependencia, copago farmacéutico, becas, tasas universitarias, vivienda…
Que el Congreso los Diputados haya tumbado el proyecto de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 conlleva numerosas consecuencias negativas, en especial en las partidas sociales. Estas Cuentas eran las más progresistas de la historia de España y revertían muchos de los efectos de los recortes durante la crisis.

Así, el capítulo de dependencia experimentaba en estos Presupuestos un incremento del 58,3%, aumentando en 831 millones de euros su dotación en el sistema coma hasta los 2.231 millones. En esta misma partida, se recuperaba la financiación de las cuotas sociales de los cuidadores no profesionales de las personas en situación de dependencia, lo que habría beneficiado a 180.000 personas, con 315 millones de euros.

El copago farmacéutico para pensionistas con rentas inferiores a 11.200 euros era otro de los aspectos a los que daban solución estas Cuentas sociales con su eliminación. También se beneficiaban de ello los perceptores de la prestación económica de la Seguridad Social por hijo o menor a cargo.

Otro capítulo seriamente afectado es el de la vivienda, que habría visto que se destinaba un aumento de un 41% más respecto al año pasado, con 137 millones de euros dirigidos al Plan 20.000 viviendas con el objetivo de incrementar el parque de viviendas en alquiler a precios asequibles o sociales.

El programa de protección familiar y de lucha contra la pobreza infantil, a través de proyectos para mejorar la situación de familias en vulnerabilidad, se queda sin 25 millones de euros más que contemplaban estos Presupuestos. Tampoco habrá 30 millones de euros para incrementar los recursos de las entidades públicas autonómicas de protección de menores extranjeros no acompañados.

Las Cuentas del Estado preveían una subida del 10,2% para el sistema general de becas y ayudas al estudio, con 1.620 millones de euros, además de la bajada de las tasas universitarias, que quedarían a niveles anteriores a la subida de 2012, para lo que se habilitaba a las comunidades autónomas. También las entidades locales quedaban habilitadas para flexibilizar la aplicación de la regla de gasto en el destinado a escuelas infantiles, al entender que éstas, las de 0 a 3 años, son una inversion financieramente sostenible. También se dotaba con 100 millones de euros la financiación de la cobertura de libros de texto y material didáctico, con lo que se duplicaba la cuantía de 2018.

Otros medidas contemplaban la rebaja del IVA en productos de higiene femenina, del 10% al 4%, o las descargas y suscripciones digitales de libros, periódicos o revistas, del 21% al 4%, así como el de los servicios veterinarios, que pasaba del 21% al 10%.

Por fortuna, otras medidas ya fueron aprobadas por real decreto, como el aumento del Salario Mínimo Interprofesional, la revalorizacion de las pensiones, la subida salarial de los empleados públicos, la subida de la base mínima de cotización de los trabajadores autónomos o la prórroga indefinida del subsidio extraordinario por desempleo para parados sin prestaciones hasta que se cuente con un modelo nuevo, además de reducir el número mínimo de jornadas necesarias para acceder al subsidio por desempleo o renta agraria.

La consecuencia inmediata será el aumento del déficit hasta el 2,2% o al 2,4% del PIB, mientras que lo comprometido con la Comisión Europea en la senda de estabilidad vigente es del 1,3%. Ello es así porque el proyecto que el Congreso ha tumbado preveía un incremento de un 9,5% de recaudación, hasta los 227.356 millones de euros, mediante, entre otras medidas, la modificación del Impuesto de Sociedades a un tipo mínimo del 15% sobre la base imponible para grandes empresas y una rebaja de dos puntos, hasta el 23%, para aquellas que no facturen más de un millón de euros.

Tampoco se aplicará la subida de dos puntos en el IRPF para rentas del trabajo superiores a 130.000 euros ni de cuatro puntos para las de 300.000 euros, así como el incremento en cuatro puntos para las rentas de ahorro de más de 140.000 euros.