Las Casas del Pueblo

Por Eusebio Lucía Olmos.
Siguiendo el modelo impuesto por los partidos socialistas de otros países europeos, así como el resto de los progresistas españoles –republicanos y anarquistas–, también el socialismo hispano dedicó parte de sus primeros esfuerzos en erigir modestos locales que dieron en denominarse “Casas del Pueblo”. Bien fueran reducidos pisos en edificios de vecinos o casas construidas ex profeso, siempre como modestas instituciones locales, escenarios de sociabilidad obrera y sucesoras de los antiguos Centros Obreros o Centros de Sociedades Obreras. Serían abiertos ya por los trabajadores socialistas con anterioridad a los lanzamientos de las propias organizaciones del partido y sindicato, y como consecuencia a su vez de la expansión del socialismo en España. Las Casas del Pueblo tendrían en la de Madrid su máxima expresión, tras su notable inauguración en noviembre de 1908.
El primero de estos Centros Obreros conocido fue el de Madrid, ubicado en un pequeño despacho que la sociedad tipográfica obrera “Asociación del Arte de Imprimir” abrió en 1874 en un piso interior de la calle del Salitre. En 1882, el número de sociedades obreras que se les habían unido, así como el incremento del de socios, les obligó a trasladarse a la de Amor de Dios; para en 1886 hacerlo a la de Jardines, 32, por igual motivo, viéndose obligados a repetir el traslado a los pocos meses al número 20 de la misma calle, por ser ya quince las sociedades obreras y más de 2.500 los afiliados. La necesidad de ampliar continuamente sus locales es un buen indicativo del crecimiento de la organización socialista, pues en 1899 hubieron de trasladarse de nuevo, esta vez al número 14 de la calle de la Bolsa, siendo ya 19 las sociedades y más de 5.000 los cotizantes. Un año más tarde – 1900 – se trasladarían a la calle Relatores, 24, al ser ya 41 las sociedades y 14.000 los afiliados. En Cataluña se fueron abriendo también Centros Obreros en las distintas localidades industriales de Barcelona (1879), Vic (1887), Manlleu (1889) o Mataró (1886). De igual modo y por los mismos años, lo fueron también los vascos de Bilbao (1886), Ortuella (1887), La Arboleda (1888), Sestao (1888), Gallarta (1891) o Erandio (1896). Así como los de Valencia (1881) y Oviedo (1891), siguiendo una expansión paralela a la de la propia doctrina socialista por todo el territorio nacional. Sabido es que, desde la fundación del partido obrero, tres fueron los más importantes núcleos de su expansión: el que sería su cuna, a la vez que capital del Estado y centro del poder político: Madrid, al que pronto seguirían el País Vasco y Asturias.
En cuanto a las Casas del Pueblo socialistas propiamente dichas, comenzaron a aparecer al tiempo que el siglo XX, siendo dos las que compiten por el título de las más antiguas: Montijo (Badajoz), fundada en 1900, y Alcira (Valencia), que lo fue en 1901, a pesar de que la primera entidad que en España recibió la denominación de “Casa del Pueblo” fue la promovida en Madrid. Fueron las ya citadas circunstancias capitalinas, a las que pronto vendrían a unirse el marcado carácter centralista que el indiscutible líder de la organización, Pablo Iglesias, quiso transmitir a ésta, lo que motivó que se echara el resto a la hora de pensar en una adecuada Casa del Pueblo para Madrid, que diera el relevo a la de la calle de la Bolsa. En septiembre de 1897, representantes de doce entidades obreras se reunieron con Iglesias y García Quejido para debatir sobre la conveniencia de la creación de una nueva asociación que se llamaría “Aglomeración Cooperativa Madrileña Casa del Pueblo”. Se pensaba en un nuevo modelo de cooperativa obrera que, a imitación de las belgas y con previsible implantación en toda España, facilitara el crecimiento del número de militantes y la vitalidad de la acción socialista. En sus estatutos se incluían como objetivos: “proporcionar a los socios auxilios benéficos, instrucción y cuanto contribuya a elevar su nivel intelectual y moral o a mejorar su condición material.”
La Aglomeración ofrecería productos alimenticios, combustibles e iluminación, además de cantina, comedor económico, vestuario y mobiliario. Al mismo tiempo que incluía la asistencia de un dispensario médico quirúrgico, servicio médico a domicilio y farmacia. Sin olvidar el asesoramiento en cuestiones legales, biblioteca, escuelas para niños y adultos, programas de charlas, conferencias y publicaciones. Era mucho más que una simple cooperativa de consumo, pues se pretendía hacer de la institución una moderna central de asistencia al obrero, cuyo capital social estaría formado por la emisión de 200 obligaciones colectivas de 100 pesetas para las sociedades obreras, y un número ilimitado de acciones individuales de 25 pesetas. Su máximo órgano rector sería el Consejo de Administración, responsabilizándose de la gestión administrativa, contabilidad y tesorería un gerente elegido por aquél. El éxito obtenido por la Aglomeración durante el año 1899 permitió acordar el abono de 5 pesetas por cada obligación suscrita, al tiempo que se decidió el traslado a un local más amplio en la calle de Relatores. Sin embargo, la mayor superficie dedicada no aparejó un incremento del acierto gerencial, sino más bien al contrario, desapareciendo la entidad en marzo de 1907.
Ya desde un año antes, y a instancia de la sociedad de albañiles “El Trabajo”, imperaba la idea de que el Centro de Sociedades Obreras madrileño estuviese ubicado en un local mucho más amplio y de su propiedad. Tras barajar diversas posibilidades, se decidió la compra del palacio de los duques de Béjar, sito en el número 2 de la calle de Piamonte, por la suma de 315.000 pesetas. A esta importante cantidad hubo que añadir otras 70.000 pesetas para su adecentamiento, 100.000 para la adquisición del necesario mobiliario e infraestructura, y otras 125.000 para construir en su jardín trasero un gran salón de actos multitudinarios. Las distintas sociedades obreras madrileñas contribuyeron al pago, de acuerdo con sus posibilidades económicas, de cuyo detalle facilitaba rigurosos datos “El Socialista”. Las 110 entidades domiciliadas y los 28.000 asociados merecían el importante esfuerzo realizado, pues el simbolismo que ofrecía la adquisición por parte de aquellas de un palacio hasta entonces perteneciente a una de las familias más destacadas de la nobleza del “antiguo régimen”, era para éstos impagable.
A pesar del general deseo de inaugurar el rehabilitado edificio como el acto estelar de los conmemorativos del 1º de mayo de 1908, los problemas derivados del avance de las obras dificultaron tal coincidencia, debiendo de posponerse para los días 28, 29 y 30 de noviembre. Aunque el magnífico programa de actos organizados para celebrar el evento dejó palpable muestra del sumo interés que las organizaciones obreras ponían en ello. Participaron de manera activa no solamente todos los líderes representantes de las sociedades adheridas a la nueva entidad, sino numerosos de las organizaciones socialistas de toda España y el extranjero, que fueron invitados expresamente. Ni que decir tiene que una verdadera multitud de trabajadores, como los testimonios gráficos demuestran, acompañaron a todos y cada uno de los actos programados, hasta donde la capacidad de los locales lo permitió, en caso de ser cerrados. Pero, tras los discursos formales del día anterior, el 29 se celebró una popular y concurridísima manifestación en la que se trasladaron solemnemente las banderas y estandartes de las organizaciones obreras desde el antiguo local de la calle Relatores hasta la nueva sede de la de Piamonte. Por la tarde los obreros pudieron visitar las nuevas dependencias de la que sería ya “su casa”, para despedir al día siguiente el intenso programa de actos con un masivo mitin nocturno en el Frontón Central – puesto que aún carecía el edificio de un gran salón de actos –, siendo entonada La Internacional por parte del Orfeón Socialista, que acompañada por el numeroso público asistente.
Aquel edificio recién estrenado fue un verdadero orgullo de los obreros españoles – no sólo de los madrileños – durante unos años. Pocos, realmente, pues ya de entrada se comprobó que su insuficiente capacidad obligaba a que determinadas secretarías y sus servicios tuvieran que ser ofrecidos en locales alquilados de las proximidades de la calle de Piamonte. La carencia de un amplio salón de actos, a imagen de los modernos cinematógrafos, era un claro ejemplo. Pero lo que no se puede obviar es que una gran parte de la historia del socialismo español, que es tanto como decir de la del propio país, está directamente ligada con la de la Casa del Pueblo madrileña, pues en sus despachos se tomaron trascendentales decisiones y estrategias que condicionaron muchos episodios vitales para el acontecer nacional. A pesar de que pronto sufrió las consecuencias de las interesadas e injustas decisiones gubernamentales, que ordenaron su clausura en numerosas ocasiones, como ocurriría a los pocos meses de ser inaugurada, cuando en el verano de 1909 partido y sindicato acordaron secundar la huelga general prevista para el 2 de agosto. O en 1934, como consecuencia de la sangrienta represia de la revolución de octubre.
Las Casas del Pueblo fueron locales sociales de concienciación doctrinal y sede de las secretarías de las organizaciones obreras, tanto políticas como sindicales; escenarios de reuniones, mítines, Congresos y jornadas formativas; dispuestos de idóneos ambientes dedicados a bibliotecas, salas de lectura, teatros, asociaciones artísticas y entidades deportivas; espacio sustitutivo de la popular taberna; despachos de abogados expertos en cuestiones laborales y de orientación política; sociedades de socorros y mutualidades, cooperativas de consumo y producción. Constituyeron, en definitiva, una nueva forma de ser y actuar de los seguidores del socialismo europeo, que se prolongaría hasta la toma de los pueblos y ciudades españolas por parte del ejército sublevado contra la República, que acabó con ellas. La de Madrid, por ejemplo, fue ocupada por fuerzas militares para instalar en sus despachos y oficinas los Juzgados de la Primera y Segunda Inspección, dependientes de la Capitanía General de la Primera Región militar. Tras sucesivas demoliciones, en 1953 se llevó a cabo el derribo definitivo del edificio.