Segundo grado penitenciario es lo que han propuesto las juntas de tratamiento de las cárceles catalanas como clasificación de los líderes independentistas condenados por el procés. Este grado implica que los presos no podrán disfrutar de permisos de salida.
Es con el tercer grado con el que pueden salir y solo volver a la cárcel para pernoctar. El segundo grado es la clasificación de la mayoría de los que cumplen condena de prisión en España.
La decisión se ha tomado “sin unanimidad” y después de un “intenso debate”, ha explicado Amand Calderó, secretario general de Medidas Penales, Reinserción y Atención a la Víctima de Justicia. Si la Consejería de Justicia, quien tiene la última palabra, la ratifica, los presos pueden pedir la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario.
Según éste, podrían disfrutar de salidas flexibles diarias para ir al trabajo o cubrir otras necesidades, entre ellas el cuidado de familiares. Calderó señala que “es un muy buen instrumento que en cualquier momento se puede utilizar”.
En cualquiera de los casos, lo que proponen las juntas de tratamiento debe ser ratificada por el juez de vigilancia penitenciaria. En este caso del procés, la propuesta es para los nueve condenados a penas de cárcel por delitos de sedición y malversación.
En esta ocasión, las juntas de las cárceles de Lledoners, Puig de les Basses y Mas d’Enric se celebraron de forma “simultánea” a las 9:00 horas de ayer con el fin de evitar filtraciones. El secretario general de Medidas Penales ha querido insistir en que las juntas son un órgano técnico cuya labor es desarrollada con criterios estrictamente profesionales.
“Las penas las imponen los jueces; La Generalitat no dicta las sentencias. Los servicios penitenciarios actúan cumpliendo un mandato judicial”, ha recalcado, para añadir que los jueces son quienes “tienen la última palabra en el ámbito de la clasificación”.
La ley marca un plazo máximo de dos meses desde que se dicta sentencia para clasificar a los condenados. En esta ocasión se ha llegado hasta el límite del plazo, según explica, a la extensión de las penas, de entre 9 y 13 años.
“Con la clasificación inicial no se acaba nada; todo comienza”, indica Calderó, porque ahora el Departamento de Justicia de la Generalitat, cuya titular es Ester Capella, de ERC, examinará el informe de los técnicos y decidirá la clasificación final, para lo cual dispone de otros dos meses.
Diez funcionarios, entre juristas y técnicos, forman el equipo de clasificación de Justicia. El alto cargo señaló que el Departamento puede dar “el visto bueno” o “formular una propuesta”. Solo el 5% de las propuestas hechas por las juntas reciben una propuesta, según estadísticas de la propia Generalitat.
“Eso es bueno, quiere decir que trabajamos de forma compenetrada”, apuntaba Calderó. Cuando Justicia decida, los presos comenzarán sus programas de tratamiento en prisión, aunque, admite el técnico, el perfil de los políticos es “muy diferente del conjunto de la población reclusa”. Puede, entonces, que los programas “no respondan demasiado a sus necesidades”.