En España hay 19,1 millones de personas que padecen condiciones de vida asociadas a la pobreza energética.
En torno a 7.100 muertes prematuras al año podrían ser causadas por la pobreza energética. Según datos del Informe de Pobreza Energética en España 2018 que ha elaborado la Asociación de Ciencias Ambientales, ACA, el 15% de los residentes de nuestro país sufren temperaturas no adecuadas en la vivienda o tienen algún retraso en el pago de los recibos de electricidad y gas, o ambas situaciones.
Son un total de 6,8 millones de personas, de las cuales 2,8 millones aseguran tener dos o más retrasos en el pago de recibos en los últimos 12 meses, es decir el 6% de la población. También, el 29%, lo que significa 13,2 millones de personas, tienen dificultades en alguna de estas dos situaciones.
Solo existen datos desde 2010, pero analizándolos, en España hay 19,1 millones de personas que tienen condiciones de vida asociadas a la pobreza energética, el 41% de la población residente.
Según el estudio de ACA, hay distintos tipos de indicadores que miden la pobreza energética: que no se pueda mantener la casa a una temperatura adecuada, la población que tiene retrasos en el pago de las facturas, personas que están englobadas dentro del epígrafe de gastos desproporcionados, es decir, aquellas cuyas facturas suponen un gasto demasiado elevado respecto a los ingresos, la pobreza energética escondida o las personas que gastan muy poco en energía porque no pueden permitírselo, pero que no aparecen en las estadísticas porque no tienen retrasos o dificultades manifiestas.
En esta materia, hay que añadir que la propia pobreza energética responde a una cuestión de clase. Según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza, la pobreza energética afecta a grandes capas de la sociedad, en especial a las familias con bajos niveles de ingresos, familias monoparentales, familias con menores a su cargo, personas jubiladas y personas mayores. En la mayoría de los casos, el factor común es el bajo nivel de ingresos, a la vez que el nivel educativo, según la ACA, la situación laboral, el tipo de contrato o el país de origen.
España es el cuarto país de la Unión Europea que tiene la electricidad más cara, solo por detrás de Dinamarca, Alemania y Bélgica, según Eurostat. Además, la encuesta de presupuestos familiares del Instituto Nacional de Estadística señala que el gasto de electricidad se sitúa en un 55,6% más caro que hace 10 años, hasta los 745,9 euros, mientras que el salario medio de los españoles está por debajo de la media de la UE.
Las administraciones locales en España han avanzado en el intento de revertir la situación, admite la Unión Europea, pero también que no se ha hecho lo propio por parte del Gobierno central.
La Constitución Española reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada y el número 7 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, el acceso a la energía asequible. Así, el autoconsumo energía solar fotovoltaica podría ser una solución para la pobreza energética.
“El status quo de la energía fósil define que tan solo podrán pagarse los paneles solares los ricos, y que, por tanto, las diferencias sociales se harán más profundas. Sin embargo, esto no es así. El Estado tiene la capacidad, bien mediante subvenciones, bien mediante avales bancarios, de dar prioridad a las personas, barrios o pueblos con rentas más bajas. La Administración tiene un papel fundamental, lo que se necesita es voluntad política”, asegura Mario Sánchez-Herrero, director de ecooo.