La patronal exige elevar la edad de jubilación, menos impuestos y reducir las cotizaciones sociales

La patronal exige elevar la edad de jubilación, menos impuestos y reducir las cotizaciones sociales

Forman parte de una serie de propuestas cara a las elecciones generales del 28 de abril.
En un documento dado a conocer por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales, CEOE, la patronal exige una serie de medidas entre las cuales figura en el aumento de la edad de jubilación en función de lo que suba la esperanza de vida, rebajar el Impuesto de Sociedades y las cotizaciones empresariales, suprimir el Impuesto de Patrimonio y reducir el de Sucesiones. De este último dice que “en la actualidad alcanza niveles confiscatorios en algunas comunidades autónomas”.

Las propuestas, recogidas en 30 páginas, fueron aprobadas en la reunión celebrada ayer por la Junta Directiva de la organización empresarial y fueron diseñadas partiendo de cuatro “grandes riesgos” nacionales que la patronal ha detectado: “La inestabilidad política, la falta de disciplina presupuestaria, el abandono del proceso de reformas estructurales y el quebrantamiento de la unidad de mercado”. Así, alertan de que, si los riesgos se materializan, la desaceleración económica podría llegar a acelerarse en España. Señala al Gobierno que salga de las elecciones del 28 de abril que “tiene en sus manos la capacidad de reducir e incluso eliminar estos riesgos internos y revertir la desaceleración”.

Es ahí donde la CEOE plantea cuatro líneas de actuación consistentes en garantizar la estabilidad política institucional, intensificar la consolidación fiscal, apostar por la unidad de mercado y continuar el proceso de reformas estructurales. Para ello, propone un impulso a una nueva agenda de reformas estructurales y distintos pactos de estado, por ejemplo en Sanidad y Justicia, cara a enfrentarse a los retos del futuro.

Los empresarios proponen la revisión de la financiación de la Seguridad Social, separando con claridad lo que es contributivo y lo que no lo es, de forma que lo primero se financie a través de las cotizaciones de empresarios y trabajadores y lo segundo a través del Estado. De este modo, se podría rebajar el tipo de cotización a cargo de las empresas. En opinión de la patronal, las cuotas empresariales a la Seguridad Social son “considerablemente superiores” a la media en la Unión Europea y representan un impuesto sobre el empleo y la competitividad empresarial.

Igualmente, los empresarios exigen una gestión eficiente y eficaz de las prestaciones, en especial de la incapacidad temporal por enfermedad común, así como que se ponga en marcha reformas simultáneas en el sistema “en varios frentes”, por ejemplo en la lucha contra el fraude en las cotizaciones y en el aumento de la edad de jubilación a medida que sube la esperanza de vida.

Asimismo, piden una reducción de la presión fiscal a las empresas para favorecer la competitividad y el crecimiento. “Los Estados no pueden diseñar sus impuestos con una visión exclusivamente local, las empresas son globales”, señalan. Así, la propuesta es acomodar la tributación del Impuesto sobre Sociedades a la capacidad económica real de las empresas, mediante la supresión de las limitaciones en la compensación de pérdidas o la deducción de gastos financieros, y corrigiendo los supuestos de doble imposición, en nacionales y en extranjeros, a través de la exención total de dividendos y ganancias patrimoniales.

La CEOE defiende un sistema de incentivos fiscales a la inversión para crear empleo, cómo sería la libertad de amortización para activos nuevos. También, que se impulse la consolidación de nuevas empresas mediante tipos inferiores en Sociedades y en cotización durante los primeros años de actividad, que se bajen los tipos marginales del IRPF y se aumente el umbral a partir del cual se aplica, además de eliminar Patrimonio y la reducción del impuesto de Sucesiones y Donaciones.

La patronal destaca que el próximo Gobierno no debería introducir nuevas figuras impositivas, pero sí trabajar con urgencia en coordinar las políticas tributarias estatales, autonómicas y locales, además de estabilizar el sistema tributario, reducir la excesiva litigiosidad al respecto y luchar contra la economía sumergida, el fraude y la evasión fiscal.

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