Los ciudadanos de Corea del Norte se ven obligados a depender de sobornos a funcionarios para cubrir derechos “universales e inalienables”, como la alimentación, la atención sanitaria o la libertad de movimiento, según un informe publicado por el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos.
Así, el sistema de redistribución estatal del régimen norcoreano se rompió hace dos décadas, obligando a los ciudadanos a arreglárselas como pueden e incluso a arriesgarse a ser víctimas de extorsión o arrestos, señala el texto.
Para llevar a cabo este informe, se recogieron los testimonios de 214 desertores, denunciando, de este modo, el colapso desde hace más de veinte años. Los ciudadanos prácticamente no pueden vivir de lo que el Estado les proporciona y se ven obligados a acudir al llamado sector informal. “Si sigues las instrucciones, temores de hambre”, señala uno de los entrevistados. Al final, todo depende de prácticas ilegales que ya están asentadas, como el soborno a funcionarios que serán permisivos con aquellos que quieren tener un negocio privado sin ser detenidos.
Michelle Bachelet, Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, alerta de que “los derechos de alimentación, sanidad, vivienda y libertad de movimientos son universales e inalienables, pero en Corea del Norte dependen básicamente de la capacidad de cada individuo para sobornar a funcionarios”.
La situación se complica porque esto lleva, a su vez, a nuevos abusos puesto que no hay garantías procesales y aquellos que son detenidos se arriesgan a sufrir tratos degradantes o torturas. Tener un buen trato a durante el arresto también depende de sobornos, dice la ONU.
Uno de los testigos admite que “sentía que era injusto que alguien pudiese pagar un soborno para librarse –de la detención- y que otros sufriera mucho más por no poder pagarlo. El soborno o eficaz en Corea del Norte”.
El régimen de Kim Jong-un facilita con cuentagotas datos sobre la realidad del país y obstaculiza el acceso de las organizaciones internacionales y los periodistas. Poner en cuestión la doctrina del régimen es motivo de represalia. Según la ONU, el 43% de la población total de Corea del Norte, en torno a 10,9 millones de personas, es víctima de la desnutrición, y casi diez millones no pueden acceder a agua potable. Para el 16% de la población es imposible tener instalaciones mínimas de saneamiento.
En cambio, se destinan grandes recursos en gasto militar, a la vez que se tiene el mayor ratio per cápita de personal militar de todo el mundo. Más de un millón de hombres y mujeres jóvenes se ven forzados a dejar su trabajo para entrar en las Fuerzas Armadas.
A Bachelet le preocupa “que el foco constante en el tema nuclear siga desviando la atención de la terrible situación de Derechos Humanos para muchos millones de norcoreanos”, haciendo referencia, así, a los esfuerzos para la desnuclearización de la península coreana. Hace hincapié en que “nadie debería ser arrestado, procesado o extorsionados simplemente por intentar lograr un nivel de vida adecuado”, ante lo cual insta a promover “una batería de reformas significativa”, empezando por abrir el abanico de libertades para la población.
Según ha destacado la Alta Comisionada de la ONU, el informe “ilustra de forma clara la importancia de que el Gobierno ataje los profundos problemas de Derechos Humanos”. Y remarca que “sólo entonces se puede desmantelar un sistema endémico de corrupción que pervierte todos los aspectos de la vida”.